Desde el Poder Ejecutivo, la bancada Perú Libre y grupos afines al oficialismo, se ha criticado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su equipo por emprender un conjunto de actos de investigación contra el mandatario Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción.

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Sin embargo, se trata de pesquisas y diligencias que han tenido que pasar por el filtro del Poder Judicial y tras ello, han sido aprobadas para la ejecución de las medidas.

El Ministerio Público es la institución que persigue el delito, investiga y solicita medidas cautelares para proteger las investigaciones; en tanto el PJ determina si estas solicitudes de prisión, allanamientos, incautaciones, entre otros, se ajustan a ley.

En ese marco, Correo contabilizó hasta ocho jueces de este poder del Estado que han validado los planteamientos del Ministerio Público durante este 2022 en el marco de las investigaciones contra Castillo, su familia y su entorno más cercano por supuestos actos de corrupción (ver infografía).

O, en su defecto, son jueces que rechazaron las pretensiones de la defensa legal del presidente para bloquear las investigaciones en su contra

LISTA. A inicios de este año, por ejemplo, el juez constitucional Jorge Ramírez Niño de Guzmán declaró improcedente el hábeas corpus presentado por el abogado Eduardo Pachas, uno de los abogados del presidente Pedro Castillo, contra la fiscal anticorrupción Norah Córdova y los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abanto, quienes participaron en una diligencia en Palacio de Gobierno por el caso Petroperú.

Este caso forma parte de la denuncia constitucional que ha presentado la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra el mandatario, ante el Congreso el pasado 11 de octubre por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El recurso buscaba detener las diligencias a cargo de Norah Córdova contra el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo y otros funcionarios por la presunta concertación ilícita para favorecer a la empresa Heaven Petroleum con la adquisición de biodiésel B100.

Sin embargo, el juez Ramírez Niño de Guzmán rechazó este pedido. En segunda instancia, una sala superior confirmó esta decisión.

En febrero de este año, el juez Manuel Chuyo Zavaleta, declaró fundado un pedido del despacho de Norah Córdova para ingresar a Palacio de Gobierno con el fin de incautar documentos digitales relacionados al caso Petroperú.

La diligencia incluso comprendió el ingreso a la oficina de la Secretaría de Palacio de Gobierno, que estuvo a cargo hasta noviembre del 2021 de Bruno Pacheco Castillo, hoy colaborador eficaz en los casos contra el presidente.

La fiscalía anticorrupción buscaba indagar sobre la presunta reunión que sostuvo Karelim López con funcionarios de PetroPerú en Palacio el 18 de octubre del 2021.

DECISIÓN. Una decisión que fue histórica en la administración de justicia fue haber discutido si un presidente de la República puede ser investigado durante sus funciones.

Esta decisión fue tomada, en junio pasado, por el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, quien rechazó el recurso de tutela de derechos presentado por Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo, quien buscaba anular la investigación preliminar contra su patrocinado por el caso Puente Tarata.

Esta investigación también forma parte de la denuncia constitucional contra Castillo, presentada por la Fiscalía de la Nación.

Checkley es el magistrado que también ha tomado decisiones a pedido de la Fiscalía en investigaciones contra el presidente y su entorno.

Por ejemplo, rechazó, en junio, otra tutela de derechos de la defensa del presidente contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien le atribuía responsabilidad por filtrar informaciones sobre su investigación a la prensa.

Por ejemplo, dictó detención preliminar para el exministro de Transportes Juan Silva Villegas, hoy prófugo, por el caso Puente Tarata así como haber autorizado, esta semana, el allanamiento de las oficinas e inmuebles de los seis congresistas de Acción Popular, sindicados como ‘Los Niños’.

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ENTORNO. En agosto, el juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que encabeza la fiscal superior Marita Barreto, de detención preliminar contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente, y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina así como los hermanos empresarios Anggi y Hugo Espino.

En este caso, la Fiscalía investiga una presunta organización criminal que habría cometido actos ilícitos en Cajamarca en la adjudicación de obras a alcaldes y funcionarios vinculados al presidente.

Entre otras decisiones judiciales que están detalladas en la infografía, esta semana el juez Víctor Zúñiga ordenó la detención preliminar por 10 días para Salatiel Marrufo, Eder Vitón Burga, Auner Vásquez Cabrera, Beder Camacho, Abel Cabrera Fernández, Biberto Castillo León y Alejandro Sánchez (no habido).

Todos ellos son investigados por el Equipo Especial contra la Corrupción por ser presuntos miembros del “Gabinete en la sombra”, el grupo de personas que habrían tomado decisiones en el Poder Ejecutivo.

ATAQUE. Por su parte, el premier Aníbal Torres arremetió contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por haber presentado una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

“Según el artículo 117 de la Constitución del Perú, el presidente de la República solo puede ser acusado por los delitos ahí previstos, señalados taxativamente (…) y nadie puede agregarle un caso más. No hay más delito por los cuales se le pueda acusar, someter a antejuicio o acusación constitucional al presidente”, expresó Torres.

En otro momento, criticó a la fiscal Benavides por solicitar al Legislativo que aplique un control de convencionalidad a fin de que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tratado aprobado por el Parlamento y ratificado por el Gobierno en 2004.

Ello con la intención de que Pedro Castillo pueda ser acusado por corrupción.

Aníbal Torres dijo ayer que la titular del Ministerio Público demuestra “una ignorancia supina de nuestro ordenamiento juridico”.

“(Benavides está violando flagrantemente el artículo 117 de la Constitución”, señaló el jefe del Consejo de Ministros.