PJ plantea protocolo de acción conjunta con Fiscalía para evitar excarcelaciones sin condena
PJ plantea protocolo de acción conjunta con Fiscalía para evitar excarcelaciones sin condena

Para evitar la liberación de procesados sin sentencia ante el vencimiento del plazo de prisión preventiva, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, planteó un protocolo de actuación conjunta con la Fiscalía de la Nación. Ello ante los cuestionamientos del arresto domiciliario de los cabecillas de 

En diálogo con la Agencia Andina, Rodríguez consideró que deben evitarse las excarcelaciones por esta razón, como sucedió con Morote Barrionuevo y Liendo Gil, con prisión preventiva en ejecución.

Admitió que este tipo de excarcelaciones son errores del sistema, en los cuales tienen una cuota de responsabilidad el Poder Judicial, la Fiscalía y las procuradurías.

La legislación

La ley, según dijo, establece un plazo de prisión preventiva de nueve meses que, en su opinión, es bastante para resolverse la situación jurídica de una persona privada de la libertad, aunque puede ampliarse a 18 meses, 36 meses y hasta 48 meses últimamente.

“Se debe evitar las excarcelaciones por vencimiento de la prisión preventiva, hay que hacer un protocolo de actuación conjunta con el Ministerio Público para que los fiscales estén atentos a que, cuando han formulado una acusación, estén atentos a que avancen rápido”, subrayó.

“Regla de razonabilidad"

Cuando el plazo es excedido, explicó el titular del Poder Judicial, se viola la “regla de razonabilidad” y, lamentablemente, los jueces deben dictar la excarcelación de los imputados, como sucedió con Morote y Lindo, aunque la medida sea impopular.

Posteriormente, manifestó su compromiso de dar orientaciones y directivas a los jueces para que terminen sus juicios en el plazo de ley, antes de culminar las prisiones preventivas.

El Ministerio Público (MP) ha pedido para Morote penas de cadena perpetua, 35 años y 25 años de prisión, respectivamente, en tres nuevos procesos en su contra: la matanza de 117 personas en Soras, Ayacucho, en 1984; el atentado de la calle Tarata, Miraflores, en 1992; y el financiamiento del narcotráfico para las actividades del Movadef, desde el 2009.

En tanto, Liendo, igualmente, está incluida como acusada en el juicio por el atentado de Tarata y el financiamiento del Movadef, con pedidos de 25 y 35 años de cárcel.