El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, aseguró que la publicación de la norma que previene y sanciona la violencia en la actividad de construcción civil busca contribuir con la mejora de la seguridad ciudadana y el orden público, combatiendo también delitos vinculados como la extorsión y la usurpación.

Asimismo, busca velar por el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de la actividad de construcción civil; así como brindar protección a las personas que denuncien las extorsiones en el ámbito de esta organización.

José Luis Pérez Guadalupe resaltó como otra de las finalidades de esta norma la articulación de acciones entre las autoridades de la administración pública que cumplen funciones vinculadas con la prevención y lucha contra la violencia en la actividad de construcción civil.

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En ese sentido, señaló que la norma establece la creación de los registros de obras y de trabajadores de la construcción civil en obras que superen las 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuya reglamentación está a cargo del Ministerio de Trabajo.

El ministro refirió que se han tomado medidas complementarias como la bancarización del pago que realizan las empresas constructoras a los sindicatos de construcción civil. “Queremos que el pago de la cuota sindical esté bancarizado. En este momento se desconoce cuánto reciben los sindicatos por concepto de cuota sindical”, dijo.

José Luis Pérez Guadalupe anotó que la norma establece claramente que para integrar la dirigencia sindical de construcción civil, el postulante no debe registrar antecedentes penales ni sentencia condenatoria de ningún tipo.

“Sabemos que quienes dirigen los pseudo sindicatos son gente que ha salido de los penales. Si son detectados serán separados de inmediato de la organización sindical. Se ha detectado pseudosindicatos integrados por 30 personas que no trabajan y más bien se dedican a la extorsión”, manifestó.

Agregó que las personas separadas de los sindicatos no podrán trabajar en obras y si se les detecta que están alrededor de alguna de ellas serán detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales.

“Esta norma se elaboró de la mano con el Ministerio de Trabajo, y con instituciones como Sunafil y Capeco. Estamos trabajando con ellos para brindarles más seguridad jurídica”, subrayó.

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