La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, expresó que la migración y la pobreza tienen un rostro femenino que exige a los Estados, adoptar políticas migratorias y de atención a las víctimas, “que recojan la dimensión de género”.

Sostuvo que hay una relación innegable entre el tráfico de migrantes y la trata de personas, donde las mujeres y niñas son las principales víctimas para la explotación sexual y la servidumbre doméstica.

Por eso, dijo que el Perú modificó recientemente su legislación agrupando todos los delitos vinculados a la trata de personas y explotación dentro de los delitos contra la dignidad humana, garantizando una adecuada reparación a las víctimas.

“De esta manera, cumplimos las recomendaciones de Naciones Unidas, y así el sistema de justicia se ve fortalecido para la investigación, procesamiento y sanción de este delito, aplicando un enfoque centrado en la víctima”, acotó.

Barrios Alvarado formuló este planteamiento durante su intervención virtual en el 30 Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas (CCPCJ), que se desarrolla desde el 17 hasta el 21 de mayo en Viena (Austria).

La autoridad judicial añadió que la pandemia, la migración, las grandes pérdidas del empleo y el mayor uso de las tecnologías de la información han sido caldo de cultivo para que la criminalidad vinculada al tráfico de migrantes y la trata de personas sigan captando nuevas víctimas.

Agregó que las consecuencias de estos problemas han impactado en las economías de todo el mundo y afectado a millones de personas, entre ellas a las mujeres, quienes se han encontrado en una situación de mayor vulnerabilidad.

La titular del Poder Judicial también agradeció el apoyo de los Estados participantes por la elección de Perú como miembro de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal para el periodo 2021-2023.