​Polémica por preacuerdo firmado con empresa brasileña Odebrecht
​Polémica por preacuerdo firmado con empresa brasileña Odebrecht

El acuerdo de colaboración eficaz de la empresa  con la Fiscalía, que está a punto de cerrarse, siempre estuvo rodeado de polémica, sobre todo por el monto de reparación civil a favor del Estado que fue fijado por la Procuraduría Ad Hoc, que asciende a S/610 millones.

El preacuerdo circuló ayer en todas las redacciones y, según su contenido, el pago del resarcimiento de la transnacional brasileña al Perú se hará en 15 años, es decir, en cuotas anuales de cantidades que van de los S/22 millones hasta los S/80 millones.

El documento fue firmado el 7 de diciembre del 2018 a las 11 y 30 de la mañana en el despacho del fiscal del Equipo Especial , a cargo de las investigaciones. También contó con la participación del procurador Jorge Ramírez, el representante de Odebrecht, Ricardo Machado Weyll, y la abogada Luisa Carreño.

Dicha reunión sostenida entre Odebrecht y las autoridades peruanas se dio con la finalidad de “formalizar” los acuerdos para la redacción del acta de acuerdo de beneficio y colaboración eficaz.

En una primera oportunidad, los fiscales Rafael Vela y Pérez, además del procurador Ramírez, informaron sobre los principales aspectos de este acuerdo firmado con la constructora brasileña en este documento. No obstante, este debía mantenerse bajo confidencialidad hasta que culmine el proceso de colaboración eficaz y sea convalidado por el Poder Judicial.

CASOS

Según el preacuerdo con Odebrecht, los hechos materia de colaboración están referidos al caso Construcción de la vía Costa Verde-tramo Callao, donde se encuentra involucrado el prófugo ex presidente regional chalaco, Félix Moreno.

También alcanza los casos referidos al proyecto Vía de Evitamiento Cusco, donde está investigado el expresidente regional Jorge Acurio; el de la Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, donde se atribuye la participación del expresidente Alejandro Toledo; el del Metro Línea 1, tramos 1 y 2 (Tren Eléctrico), en el que es investigado el expresidente Alan García.

En una parte del documento, se menciona que cuando se “formalice” el acuerdo se registrará, detallará y describirá las carpetas fiscales y expedientes judiciales. Todo ello cuando se tengan todos los lineamientos cerrados.

En esa línea, en el acápite 6.2 del preacuerdo con Odebrecht bajo la Ley 30737 se exige que se cumplan los alcances del artículo 475.1 del Código Procesal Penal en los cuatro casos mencionados, así como en 16 investigaciones más que las partes acuerdan “develar” en el acuerdo de colaboración y beneficios.

POSTURA

Según la Fiscalía, la documentación, no es precisamente el convenio en sí, es el acta donde se incluyen los acuerdos de colaboración.

Sin embargo, fuentes de este diario en el Ministerio Público, mostraron su sorpresa al enterarse que dicho acuerdo circulaba en las redes sociales.

En tanto, señalaron que una copia de ese documento es manejado por el Equipo Especial, la Procuraduría Ad Hoc y la empresa brasileña y de acuerdo a ello “era muy difícil presumir de dónde salió y a quien se podría atribuir tal filtración”.

“El acuerdo contiene la corroboración de cada hecho por el que (Odebrecht) acepta la culpabilidad más la identidad de los colaboradores, es un documento muy extenso y detallado”, precisaron fuentes del Equipo Especial.

Asimismo, afirman que conforme avancen las investigaciones se podrán incluir más obras en las que Odebrecht podría haber pagado coimas.

“El acceso a nuevos testigos y a los servidores encriptados que se posibilita por el convenio determina el curso del futuro de las investigaciones. Es un convenio abierto totalmente; no es restrictivo”, señalan.

“Esto quiere decir -agregan- que si la Fiscalía halla indicios de otros pagos de coimas, estos casos podrán ser incorporados”, refirieron los voceros.

PROCURADURÍA

Desde la Procuraduría Ad Hoc explicaron que al reconocer Odebrecht que cometió delitos en cuatro obras de infraestructura, ello implica un daño civil y bajo esos criterios se calculó el pago de acuerdo a la Ley 30737.

Asimismo sostuvieron que el cálculo de la reparación civil se realizó de la siguiente forma: la participación de la empresa en los proyectos de infraestructura, la capacidad de pago y los pagos realizados del Estado a la empresa.