Una de las últimas diligencias del Ministerio Público (MP) en el caso “Los operadores de la reconstrucción”, registrada el último jueves 21, fue el allanamiento a la vivienda y oficina del legislador Guillermo Bermejo.

El congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JPP), al que se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias, no enfrenta aún una denuncia constitucional por este caso.

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En detalle

De acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso, los congresistas, la fiscal de la Nación “o cualquier persona que se considere directamente agraviada” puede denunciar constitucionalmente a Bermejo.

Un recurso de esta índole deberá atravesar por diversas etapas entre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y la Comisión Permanente. Esta última debe enviar un informe, elaborado por una subcomisión, al pleno del Congreso. Solo esta instancia podrá aprobar una acusación constitucional.

Para el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, “la fiscal de la Nación debería presentar una denuncia constitucional a la brevedad con la información que ya tiene del caso”, pues “sí hay sólidos elementos de convicción para que prospere”.

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Similar opinión tiene el penalista Andy Carrión, quien destacó que “con base a la declaración de los aspirantes a colaboradores, y los elementos y documentos recabados en la investigación, se podría tranquilamente formular acusación ante el Congreso para que se habilite (a la Fiscalía a) pasar” a investigación preparatoria.

“La Fiscalía podría solicitar un impedimento de salida del país como mínimo y esperar que se habilite pasar a esta etapa”, afirmó.

Hasta el momento, el MP cuenta con las declaraciones de dos aspirantes a colaboradores eficaces. Además,  logró que se dictaran 20 meses de prisión preventiva contra Jaime Jara, un extrabajador de Bermejo.