El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, criticó ayer que se haya pretendido perturbar la decisión del Congreso de aprobar la ley que propone fijar las reglas para la aplicación de beneficios penitenciarios.

El Primer Ministro calificó de “injusto” que se le denomine equivocadamente “Ley Antauro” porque, a su juicio, dicha norma no tiene nombre propio y atiende más bien la preocupación del 80% de internos impedidos de acceder a este beneficio.

Lo que ha hecho el Poder Legislativo, aclara, es precisar el momento de aplicación de dicho beneficio.

“La ley no es retroactiva, eso está en la Constitución, lo único que se ha hecho es precisar el momento de aplicación de una norma de este tipo para aquellos internos que realmente quieran reinsertarse a la sociedad”, comentó.

Recordó que una ley anterior, dada por el Congreso sobre beneficios penitenciarios, afectaba al 80% de internos al impedirles acceder a este beneficio y perjudicaba el trabajo de resocialización que está dando resultados.

Señaló que el 70% de la población penal del país no vuelve a la cárcel a pesar de la labor que realiza la Policía para detener a las personas involucradas en crímenes, cifra casi similar a la registrada en Inglaterra que tiene el 80 por ciento de no reincidencia.

“Hay un 30% duro que vuelve a delinquir y para ellos los beneficios penitenciarios están absolutamente restringidos”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial, tras indicar que la norma será promulgada por el Ejecutivo.

Como es público, la norma prohíbe la semilibertad y libertad condicional para delitos graves y reduce de siete a cinco los días de trabajo que se pueden cambiar por uno de libertad.

Ahora compete al Ejecutivo promulgar dicha norma, por lo que la decisión final se encuentra en manos del presidente Ollanta Humala.