El congresista y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Segundo Montalvo, presentó este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, José María Balcázar. La acusación también comprende a varios exministros y plantea que se investiguen presuntos hechos vinculados con la gestión de la seguridad ciudadana y el proceso de adquisición de aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En el documento entregado al Ministerio Público, el legislador atribuye al jefe de Estado la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales. Asimismo, solicita que las diligencias alcancen a los exintegrantes del Gabinete mencionados en la denuncia, al considerar que existirían elementos que ameritan una investigación.

Cuestionamientos por la crisis de inseguridad

Según el escrito, el denunciante sostiene que el incremento de homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos reflejaría un incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar la protección de la población.

El documento también indica que, durante el gobierno de Balcázar, el Perú alcanzó el puesto 11 a nivel mundial en inseguridad. Además, señala que más de dos millones de empresas desarrollan sus actividades en un contexto afectado por la criminalidad organizada y la extorsión.

Como parte de los argumentos expuestos, el congresista cuestiona la implementación de las medidas destinadas a enfrentar la delincuencia. En ese sentido, afirma que no se habrían ejecutado adecuadamente diversas disposiciones contempladas en la normativa sobre seguridad ciudadana.

Compra de aviones F-16

El segundo eje de la denuncia está relacionado con la adquisición de 24 aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, una operación valorizada en 3.500 millones de dólares. El documento sostiene que el presidente habría incurrido en presunto abuso de autoridad al autorizar la compra mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026 bajo la figura de secreto militar y, posteriormente, negar de forma reiterada la existencia de los contratos.

La denuncia también señala que esta controversia desencadenó una crisis en el Gabinete el pasado 22 de abril. En ese contexto, los entonces ministros de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentaron su renuncia al considerar que el mandatario había “mentido al país”.

Solicitan diligencias preliminares

El legislador argumentó que aunque el artículo 117 de la Constitución protege al presidente mientras permanece en funciones, esa prerrogativa concluirá el 28 de julio de 2026, cuando finalice su mandato. Por ello, solicita que la Fiscalía de la Nación inicie de inmediato las diligencias preliminares y reserve la formalización de la investigación hasta que Balcázar deje el cargo.

En el caso de los exministros y demás funcionarios comprendidos en la denuncia, el pedido es que las investigaciones comiencen de forma inmediata, ya que no cuentan con esa protección constitucional.

La denuncia invoca la sentencia 152/2025 del Tribunal Constitucional, la cual, según el documento, permite al Ministerio Público investigar al entorno presidencial y recoger declaraciones del jefe de Estado mientras continúa en funciones.

Finalmente, el escrito plantea que, si tras el término del mandato se encuentran elementos suficientes, podría impulsarse una acusación constitucional dentro del plazo de cinco años previsto para este tipo de procesos.

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