La contradicción es su sello. A solo horas de que el Poder Ejecutivo presentase un proyecto de ley para consultar en un referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente, el presidente Pedro Castillo afirmó que el Perú es un “destino confiable y seguro para las inversiones extranjeras” gracias a la “estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución y el sistema de justicia”.

Castillo Terrones pronunció estas palabras durante la ceremonia de presentación de cartas credenciales de los embajadores recurrentes de diversos países, desarrollada en la Sala Hipólito Unanue del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En su alocución, el jefe de Estado dio la bienvenida a los diplomáticos y recalcó que en el Perú se respetan las actividades empresariales.

“Creo importante reafirmar ante todos ustedes que el Perú es un destino seguro para las inversiones, donde se respetan las actividades de las empresas nacionales y extranjeras en el marco del Estado de derecho, así como la estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución y el sistema de justicia”, enfatizó.

Castillo remarcó que “prueba” de todo esto es que el año pasado “tuvimos un crecimiento del 13% del PBI (producto bruto interno)” y “una economía que se posicionó como una de las más sólidas entre los países de la región”.

En otro momento, el presidente sostuvo que el Perú, en sus relaciones con países hermanos y amigos, “ha reiterado su infatigable compromiso” con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional para abordar temas globales.

“En función de ello es que luchamos contra el cambio climático, el tráfico y consumo de drogas, la corrupción, entre otros desafíos comunes. En ese contexto, hemos sido actores centrales en la reciente e histórica decisión de iniciar la negociación de un nuevo tratado internacional jurídicamente vinculante para prevenir y reducir la contaminación por plásticos”, manifestó el jefe de Estado.

En esa línea, invocó el apoyo de los países representados en la actividad de ayer en Torre Tagle.

CONTRADICTORIO. Mientras el presidente Castillo aseguraba que el Perú es un país seguro para las inversiones gracias a la Carta Magna de 1993, el congresista Waldemar Cerrón, vocero del partido de gobierno Perú Libre, se refería a la necesidad de que uno de los cambios en la Constitución permita que el Estado fije precios.

En un discurso repetitivo, el parlamentario afirmó que los monopolios y oligopolios se oponen al control de precios en los productos porque los afecta.

“¿En quién está depositado nuestro destino?, ¿no es en el Estado? De cuando a aquí van a decir: ‘El Estado no entra aquí’. El Estado interviene en todo y debe ser así, debe ser quien controle los precios a favor de las mayorías”, dijo el hermano del dueño de Perú Libre y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.

Adelantó que el Parlamento sería el encargado de revisar cuándo hay un exceso en los precios para ejercer un control.

Asimismo, en otro mensaje que también puso en alerta a la inversión privada, consideró que la renegociación de los recursos estratégicos debe ser una tarea de todos los peruanos.

“Cuando los ‘contratos ley’ han sido firmados durante muchos años, cuando contaminan nuestros ríos, ¿por qué no se tiene que cambiar? Si mañana se instala una empresa que estaría contaminando Lima, la cerrarían”, arguyó.

Lo secunda. Similar fue la postura de la también oficialista Kelly Portalatino, quien tras aseverar que hay un grupo considerable de la población peruana que ve con buenos ojos el proyecto para la constituyente, aseguró que una eventual nueva Carta Magna traería soluciones a los elevados precios de los fertilizantes y de productos de la canasta familiar.

“Buscamos mejorar y regular los precios, que actualmente se han disparado. Existen corporaciones, como la azucarera, que han sido compradas por un monopolio y que ellos ponen los precios. Y ustedes lo saben”, manifestó.

CRÍTICAS. Sobre el tema, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, cuestionó la posibilidad de incluir el control de precios en una Carta Magna. “Nos remite a las épocas nefastas de la historia económica del país”, enfatizó.

Recordó que tal instrumento se usó hace décadas con resultados perjudiciales: escasez de productos, desincentivo a las inversiones, largas colas y especulación.

“Hablar de asamblea constituyente es hablar de todas las reglas del juego. Un inversionista o un empresario no va a querer invertir en el país si se está hablando de cambiar esas reglas”, advirtió.

Más temprano, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reiteró que la propuesta del Ejecutivo para una asamblea constituyente es solo una distracción para tapar la incapacidad, ineptitud y corrupción del Gobierno.

Consultada sobre la posibilidad de que el proyecto sea aprobado, respondió: “No, de ninguna manera, ese proyecto no se va a aprobar, no tiene los votos”.

En entrevista con Blu Radio de Colombia, la titular del Parlamento dijo estar 100% segura de que el proyecto irá a la Comisión de Constitución para su debate y que se quedará allí.

PLAGIO. Luego de que el Ejecutivo presentase la propuesta para el referéndum, el profesor de derecho constitucional Diego Pomareda denunció que el texto del proyecto de ley copia citas de un artículo suyo, específicamente tres párrafos relativos a “una circunstancia de consenso propicia para la convocatoria de una asamblea constituyente” y sobre la “evidencia de necesidad” para el cambio de la Carta Magna.

“Es evidente que no se ha tomado de forma seria un proyecto de ley tan importante (...). Si el Ejecutivo hubiera leído el artículo se daría cuenta que no estamos ante un momento destituyente ni constituyente. Además, advertiría el riesgo que supone para nuestra democracia la concentración de todo el poder en una Asamblea Constituyente !Más seriedad frente al país!”, tuiteó el jurista.