Andrea Pereyra

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, expuso ante el pleno del Congreso de la República la necesidad de asignar un presupuesto acorde a los requerimientos de esta institución para el año 2025.

Según explicó, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso un monto de 3,915 millones de soles, cifra que, afirmó, no sería suficiente para cubrir las necesidades mínimas operativas ni para implementar mejoras en el servicio judicial.

Arévalo indicó que el Poder Judicial ha solicitado un presupuesto adicional de 173.49 millones de soles para fortalecer diversas áreas. Entre las prioridades se encuentra la asignación de 7.6 millones de soles destinados a la creación de seis órganos jurisdiccionales en Chancay, Huaral y Huacho, en el Distrito Judicial de Huaura.

Esta medida responde al incremento previsto en la actividad económica y la demanda de servicios judiciales debido a la puesta en funcionamiento del megapuerto de Chancay.

Otra propuesta relevante fue la de 44 millones de soles para continuar con el Plan de Implementación de Unidades de Flagrancia a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la respuesta frente a delitos en regiones como Lima, Callao, Puno y Amazonas.

El presidente también resaltó la importancia de destinar 43 millones de soles para la creación de juzgados de ejecución en Lima Este y Piura, lo que permitiría agilizar el cumplimiento de sentencias. Además, planteó una inversión de 48 millones de soles para estudios de infraestructura en 13 cortes, considerando que más de 1,100 órganos jurisdiccionales operan en locales alquilados y en condiciones inadecuadas.

En cuanto a modernización, solicitó 37 millones de soles para consolidar el sistema de oralidad civil en Arequipa, Lima Norte, Piura y Loreto, con el fin de reducir los tiempos de resolución de procesos.

Asimismo, Arévalo propuso una serie de iniciativas legislativas, como una bonificación extraordinaria de 3,000 soles para personal CAS con ingresos menores a 3,849 soles, y la autorización para realizar un estudio sobre la escala salarial del personal jurisdiccional y administrativo.

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