El procurador del Poder Legislativo, Manuel Peña Tavera, solicitó este jueves a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, inhibirse del proceso que sigue la demanda competencial sobre la vacancia presidencial presentada por el Poder Ejecutivo.

“Nos vemos en la imperiosa necesidad y con el debido respeto de solicitar se sirva dar cuenta y disponga por el digno pleno la inmediata inhibición y apartamiento en la presente causa de la magistrada y presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Leonor Ledesma Narvaez, por haber adelantado opinión en relación directa al presente proceso competencial, aún en trámite, faltando de esa manera a la majestad del cargo que ostenta, faltando al pleno, faltando a su propio cargo como presidenta del Tribunal Constitucional, en tanto vocera oficial del mismo y afectando gravemente a la imparcialidad del cargo que ostenta”, indica el oficio.

El pedido se basa en un artículo periodístico de Perú 21 titulado: “La vacancia es la lucha por el poder”, en el que -a consideración del procurador- la magistrada “adelantó que tiene una posición negativa respecto de los pedidos de vacancia”.

“Con estas declaraciones, la señora magistrada y presidenta del Tribunal Constitucional, ha emitido y dado a conocer de manera pública su posición explícitamente subjetiva, peyorativa en extremo al Congreso de la República, parte demandada de esta causa constitucional, evidenciando con ello una total vulneración al principio de imparcialidad”, señala.

A fines de octubre, Peña Tavera también solicitó la inhibición y apartamiento del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña de este mismo proceso, por adelantar opinión, “faltando a la propia presidenta del Tribunal Constitucional en tanto vocera oficial del mismo y afectando gravemente a la imparcialidad del cargo que ostenta, que es condición esencial de su ejercicio legítimo”.

En setiembre, el Poder Ejecutivo presentó formalmente ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial y una medida cautelar en contra del trámite de la primera moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral permanente.

Tras su evaluación, el pleno del TC admitió a trámite por mayoría la demanda competencial, pero rechazó la medida cautelar que buscaba paralizar el proceso en el Congreso (que finalmente no tuvo éxito).