La procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca, no habría realizado ninguna pregunta en la declaración del presidente Pedro Castillo ante el Ministerio Público por el caso de los presuntos ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas, señalaron fuentes a Correo.

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Según supo este diario, Caruajulca solo firmó el acta en el que se dejó constancia que Castillo guardó silencio cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, iba a comenzar el interrogatorio por la investigación por organización criminal, en la diligencia del último jueves.

A Caruajulca -quien tiene dos denuncias penales en la fiscalía- le correspondía preguntar sobre los criterios funcionales alterados para los ascensos militares y, con ello, la ruptura de los principios de la carrera militar y servicio civil.

Pero la abogada del Estado no hizo ninguna pregunta al respecto, indicaron fuentes a este diario.

El daño ocasionado producto de los presuntos ascensos irregulares genera una obligación de reparación civil al Estado por parte de los investigados, explicaron los informantes.

Tal como reveló este diario, Caruajulca es cuñada de Santiago Rosendo Abarca León, actual vocal supremo del Fuero Militar Policial y uno de los cuadros militares ascendidos de grado en este gobierno.

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RENUNCIA. Ayer, Kike Figueroa Auca presentó su renuncia al cargo de director de Valoración y Pericias, unidad encargada del apoyo técnico a todas las procuradurías del país en relación a la valoración de daños al Estado, tales como ambientales, laborales así como los de muchas municipalidades.

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Según fuentes de Correo, esta renuncia pone en riesgo miles de casos en los que el Estado se vio perjudicado por actos de corrupción, que comprometen millones de soles en juego.

Figueroa Auca habría tomado esta decisión luego de que la Procuraduría General del Estado (PGE) no atendiera sus solicitudes de apoyo a la Dirección de Valoración y Pericias y lo designara en adición a sus funciones como director temporal Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría.