La Procuraduría General de la República sustentó ayer ante Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria su solicitud de tutela de derechos a fin de participar en la ampliación de la declaración del premier Alberto Otárola por la investigación que se le sigue a raíz de las muertes ocurridas en las protestas.

En el caso también se investiga a la presidenta Dina Boluarte, así como integrantes y exmiembros del Gabinete Ministerial, por el presunto delito de genocidio.

La audiencia estuvo dirigida por el magistrado Juan Carlos Checkley, quien indicó que resolvería el pedido en plazo de ley.

DETALLE. Durante la sesión, la Procuraduría General indicó que la declaración que brindó que el titular del Consejo de Ministros el 16 de febrero al despacho de la Fiscalía de la Nación “se habría llevado a cabo con la vulneración del principio del debido proceso”, previsto en la Constitución.

La Procuraduría argumentó que no fue notificada de la diligencia, sino que conoció del hecho por los medios de comunicación al día siguiente. En ese sentido, solicitó la nulidad del acto y la reprogramación de una nueva fecha en la que participe su representante.

“Solicitamos se declare fundada la presente tutela de derechos y se declare la nulidad del acta de continuación de declaración indagatoria del Alberto Otárola llevad a cabo el 16 de febrero. Y que la Fiscalía de la Nación programe una nueva diligencia de continuación de declaración indagatoria de la citada persona, permitiendo la participación de la Procuraduría General del Estado en calidad de parte agraviada”, indicaron desde la Procuraduría General.

Por su parte, Grace Fernández, abogada del premier, cuestionó el pedido de la Procuraduría y solicitó que esta sea declarada nula. “¿Qué es lo que busca la Procuraduría? (...) Si quieren alguna precisión deberían pedir una ampliación para que precise lo que ellos quieren saber (...) al anular la declaración lo están perjudicando”, señaló.