Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados plantea incorporar al Código Penal los delitos de venta de niños y adopción irregular. La iniciativa, del diputado Leo De Paz, de Renovación Popular, establece penas según la gravedad de los hechos y propone medidas de protección para las víctimas.

La propuesta busca incorporar los artículos 129-R y 129-S al capítulo de delitos contra la dignidad humana. El primero aborda la entrega o transferencia de menores a cambio de dinero u otros beneficios, mientras que el segundo sanciona mecanismos ilegales utilizados para concretar adopciones.

Venta de niños

Para la venta de niños, el proyecto plantea penas de 12 a 20 años de prisión. Si existen agravantes, como la participación de funcionarios, falsificación de documentos, organizaciones criminales o víctimas menores de 14 años, la sanción subiría de 15 a 25 años.

La propuesta establece una excepción para las madres que sean víctimas de trata de personas, siempre que no participen voluntariamente en la venta. Si intervienen en el hecho, enfrentarían una pena no menor de 25 años.

El texto contempla cadena perpetua cuando la conducta provoque la muerte o lesiones graves de la víctima y el responsable haya podido prever ese resultado. La iniciativa señala al respecto lo siguiente.

Adopción irregular

La iniciativa propone sancionar con 5 a 10 años a quienes induzcan, faciliten u obtengan indebidamente el consentimiento de padres o responsables para una adopción irregular. También incluye conductas como amenazas, aprovechamiento de vulnerabilidad, fraude, falsificación documental y ofrecimiento de dinero.

Con agravantes, la pena aumentaría de 6 a 12 años, mientras que si el hecho causa la muerte o lesiones graves y el resultado podía ser previsto, la sanción sería de 12 a 15 años. El proyecto establece esta última disposición en los siguientes términos.

Para las víctimas extranjeras, se plantea una residencia temporal de al menos seis meses y restricciones a la repatriación cuando exista un riesgo grave para su integridad física o psíquica. La propuesta también señala que no deberá disponerse su retorno si las circunstancias del delito en su país de origen representan dicho peligro.

El proyecto plantea además un protocolo entre el Ministerio Público, la Policía, el MIMP, Reniec y Migraciones, con participación de la Dirección General de Adopciones. El mecanismo contempla verificar documentos relacionados con el registro de nacimientos, los procesos adoptivos y la salida de menores del país.

La propuesta aún debe seguir el procedimiento legislativo antes de convertirse en una modificación vigente del Código Penal. Su aprobación dependerá de la evaluación y votación correspondiente en el Congreso.

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