Lleva dos semanas como ministro de Energía y Minas, sin embargo, Rafael Jorge Belaunde Llosa ya promueve mecanismos -no virtuales- con la finalidad de agilizar las consultas previas. Así se protegerá la integridad cultural y social de los pueblos indígenas o étnicos cada vez que se realicen actividades mineras en sus comunidades.

En entrevista con Correo, señala además que el objetivo del gobierno es dejar operativos los proyectos mineros Mina Justa, Quellaveco y la ampliación de Toromocho.

¿Cuál son las expectativas de su gestión en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)?

El primer desafío que tiene el ministerio es recuperar el nivel de las inversiones que tenía comprometidas y que están en el orden del 9%. Lo primero que estamos haciendo es reestructurar los procesos y repotenciando el área de seguimiento para cerrar el año al menos en 85%.

¿Cuánto se pudo recaudar en minería antes de la pandemia? ¿Qué lo impidió?

La asignación del canon viene del año pasado. Para el 2020 hay S/1 814 millones de canon disponible. Yo diría que el pilar de por qué hay proyectos que no se ejecutan, es porque no hay capacidad de gestión.

¿Cuánto es lo que no se ha podido ejecutar?

Es difícil calcularlo porque hay saldos que se van acumulando desde muchos años (...). Más de S/12 mil millones entre canon, sobrecanon y recursos que no se han ejecutado. Estamos proponiendo algunas modificaciones para que el ministerio pueda apoyar en la elaboración de los expedientes, ver una forma de agilizarlos.

¿Cuántos empleos no se generaron?

La minería directamente emplea a algo más de 200 mil personas de manera directa y contribuye de muchas formas, contribuye en el Producto Bruto Interno (PBI) que, si uno lo considera en su dimensión con el efecto multiplicador, estamos hablando en alrededor del 15.9%.

¿Cuáles son los proyectos mineros que debe dejar operativos para el 2021?

Hay una lista de 48 proyectos que van a entrar a fase de construcción. Los emblemáticos son Ampliación Toromocho, Mina Justa y Quellaveco. Son esos 3 que deben dejarse operativos al 2021. Estos representan una inversión conjunta y global de $8,250 millones, generarán alrededor de 15 mil empleos aproximadamente (en fase de construcción) y más de 6 mil (en fase de operación). Nuestra obra es dejar todo eso encaminado, pero tenemos que poner mucho énfasis en dejar un marco normativo que sea amigable para el desarrollo de la actividad.

Si los 48 proyectos quedaran operativos, ¿en cuánto beneficiará a la reactivación económica?

Imaginemos que se configurase, que se alinean los astros y se pudiera hacer todo, son 48 proyectos por $ 57 752 millones, esa es una cifra brutal. En exploración tenemos 64 proyectos importantes porque los hay a todo nivel. El esfuerzo central está en lograr que esos 48 proyectos que están en construcción se concreten.

¿Cuántos empleos generará?

La construcción de los 48 proyectos generará 50 mil empleos directos y 200 mil indirectos en la fase de construcción. Existe la percepción de que la minería es una actividad que genera muchos recursos para las arcas fiscales, pero con escasa mano de obra. Pero en la altura, sí genera un montón de empleo.

Los temas administrativos han dificultado los avances mineros, pero también los conflictos sociales...

Los conflictos sociales son un cúmulo de distintas cosas. Una es la incapacidad que ha tenido el Estado ya sea a través del gobierno regional o local y, en algunos aspectos, el gobierno nacional en poder llevar o materializar los recursos generados por la minería en obras tangibles para la población. Los recursos están pero están en una cuenta corriente, mientras no se conviertan en una posta médica, en saneamiento en colegios, en pavimentación, asfaltado, la gente no siente los beneficios. Hay gente que cree que la actividad minera va a generar una incompatibilidad con la agricultura, con su forma de vida o que los va afectar directamente.

¿Cuáles son los conflictos sociales que va a resolver en el corto plazo?

No podría decir si voy a resolver este u otro. El trabajo del ministerio va a estar en explicar el valor que tiene el potencial enterrado y cuál sería su valor si es puesto sobre la superficie. Y persuadir a la gente, no asesorar, pero coordinar, explicarle a la compañía que tiene que hacer un trabajo mucho más cercano.

Se necesita la licencia social...

Lo que ocurre es que hay un tema fáctico. Un proyecto minero puede tener la orden del permiso de construcción, pero si la gente está atrincherada, ahí el proyecto no se puede hacer. Por ejemplo, en el caso emblemático de Tía María, es un proyecto que va a dotar a Arequipa con enormes recursos, imaginémonos que eso ya estuviese en operaciones, con cuánto canon, con cuántas regalías hubiese contribuido (...), pero si la gente no quiere, no quiere. No se puede obligar a la gente.

Entonces, ¿en este gobierno hay opciones para Tía María?

Hay opciones de tratar de ganar el apoyo de la población a los proyectos.

¿Ya lo está haciendo su ministerio?

Vamos a tener unas líneas de acción. Estamos proponiendo poder firmar convenios no solo a nivel regional, sino también provincial, para lograr que se destraben los proyectos que se tienen en carteras y que no se ejecutan por falta de capacidades técnicas.

¿Cuál es su objetivo con Tía María para julio de 2021?

No tengo un objetivo concreto en el sentido de que si la población del Valle de Tambo rechaza el proyecto, yo veo difícil que se pueda hacer.

¿Por qué es imposible aceptar lo que plantean en Espinar y variar el convenio marco para la entrega de un bono de S/1000 a cada persona mayor de edad?

Nada es imposible. Hay un saldo de S/132 millones que hace más de dos años no se toca, que no se hace nada con ese fondo, como si a la provincia de Espinar (Cusco) le sobrasen las obras y comodidades. Un grupo del comité originalmente votó 5 contra 3 y se decidió una asignación de S/1000 por elector pero la empresa (Glencore) se opuso. Si no existiesen estos objetivos expresos en el fondo, se podría repartir el dinero, este no es un tema del ministerio. Yo tengo una opinión.

¿Cuál es?

Materialmente eso es muy difícil de hacer, de manera justa. Por ejemplo, una madre soltera con hijos pequeños en pobreza extrema recibiría S/1000 y también lo haría un comerciante que tiene camiones, que negocia con Puno y Cusco. Depurar ese padrón es un trabajo y para hacerlo justo, es bien difícil.

¿Esa propuesta podría partir del ministerio?, ¿elaborar el padrón?

No. Esa es mi impresión de por qué veo difícil ese mecanismo. La empresa tiene otras ideas de cómo usar el dinero. Yo no puedo obligar a ninguna de las partes. En estricto, es un problema entre terceros. Al ministerio le corresponde encontrar un espacio en el que las partes puedan conversar y tratar de llegar a un acuerdo (...). Es importante llegar a un acuerdo pero, finalmente, este es un problema entre terceros, no es un problema del ministerio.

La minera ha señalado que no puede otorgarle a la población dinero para un bono de S/1000 porque es para otros fines…

Si todas las partes se ponen de acuerdo, sí se puede, pero ellos tienen una posición que a mí también me parece razonable, que sería muy injusta porque habría gente que recibiría mucho dinero pese a tener una posición socioeconómica mejor y otros recibirían menos (...). Lo que está haciendo el MINEM es buscar un espacio, una forma para que el diálogo se pueda realizar de una manera menos apasionada, menos beligerante, para que las partes puedan encontrar un acuerdo.

¿Tienen una fecha para reunirse en Espinar?

Hubo un intento, lamentablemente no estaban las condiciones de seguridad para que una comisión de alto nivel integrada por viceministros vaya a la ciudad. Se me ha informado que el alcalde de Espinar está en Lima y yo estoy solicitándole una reunión para abordar el tema (del conflicto) y también las demandas postergadas de la provincia.

De prosperar el encuentro, ¿irá a la provincia?

Claro, la idea es ir a la provincia y como ministro convocar a una reunión. Tener a un lado a la compañía minera y al otro lado a los miembros del comité que tienen un pedido específico.

De otro lado, ¿el ministerio seguirá apostando por proyectos como la refinería del Talara?

La refinería está al 90%, es una obra casi concluida.

¿Cuánto se ha perdido en recursos?

En el negocio del refinamiento, la obra debería poder pagarse y no tener problema. Lo importante ahora es que no puede ser una infraestructura que esté inconclusa, como nos ha pasado en otros gobiernos, que se pasan décadas sin terminar.

¿Qué tan efectiva le resulta la consulta previa?

Está resultando, sí, estamos avanzando, estamos con algunas importantes como en Coroccohuayco (Cusco). También estamos promoviendo mecanismos para agilizar la consulta previa, que no es vinculante, pero en la práctica sí lo es (...). El tema de fondo está en la parte procedimental, tenemos que hacer que esto sea más ágil, acortar los plazos. Ahora con la pandemia tenemos limitaciones, por ejemplo con la última fase que tiene que ser obligatoriamente presencial, estamos viendo no mecanismos virtuales, pero sí mecanismos como por ejemplo la radio y la televisión. Lo importante es que estos procedimientos se den donde la gente tenga la posibilidad de participar, que es lo que se debe garantizar. El intercambio de pareceres, mientras se dé, no creo que hayas problemas.

¿Cuál es su opinión sobre el Acuerdo de Escazú?

No puedo (dar una opinión), porque escapa al ámbito del Ejecutivo, está en el Congreso. Mal haría yo, aún siendo parte de un Gabinete que está yendo a pedir un voto de confianza, entrometerme en un asunto que está en este momento en el ámbito del Congreso.

¿Ya se conocen los resultados del informe de Mott MacDonald sobre el valor de los tubos que dejó Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano?

La determinación del valor de los tubos no es parte de los requerimientos que deben ser absueltos en el informe de Mott MacDonald, de acuerdo al contrato No. 003-2018-PROINVERSION. Este informe corresponde al nuevo proyecto SITGAS. El 17 de julio de 2020, el consultor presentó la versión en inglés del Entregable Nro. 4 para revisión del MINEM. El 24 de este mes, se enviaron las observaciones a esa versión, siendo el plazo para que el consultor las subsane el próximo 7 de agosto. El valor de los tubos es parte de la controversia materia de discusión ante el CIADI, cuya representación del Estado Peruano está a cargo del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), según lo reclamado por los concesionarios del Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht y Enagás).

¿La licitación de SITGAS saldrá este año?, ¿cuándo se lanzará la convocatoria?

Según el cronograma proyectado, la convocatoria está prevista para el año 2021.

¿Algún representante de Odebrecht ha intentado ponerse en contacto con usted?

Ninguno. No puedo, todo lo que está en SICRECI tiene que ser a través de ellos.

Perfil de Rafael Belaunde

Ministro de Energía y Minas

Bachiller en economía por la universidad de Lima. Consultor en negociación comunitaria, gestión inmobiliaria, tierras y saneamiento físico legal en el sector minero. Fue asesor en la Defensoría del Pueblo en 2006.