Rafael Belaunde, excandidato presidencial y hoy a cargo del Ministerio de Defensa (Mindef), conversó con Correo sobre sus primeros 30 días, su interpelación en el Congreso y la solicitud de facultades.

¿Cómo encontró el Mindef, cuál es su balance este primer mes?

Creo que hay, por ejemplo, que poner a punto el parque de helicópteros que venía muy mermado. Hay compras militares pendientes. También hay espacio para mucho recorte, ya que hay gasto innecesario. Es evidente que la alta rotatividad de ministros y de gobiernos ha generado una merma en ello.

¿Cuáles serían estos gastos “innecesarios”?

Se han multiplicado los CAS tremendamente: los permanentes y los temporales. El ministerio puede operar de manera mucho más potente ajustando significativamente ese tipo de gastos. Hay que tener mayor control en el tema de las adquisiciones. Hay que ver el tema de la Agencia de Compras, y la FAME (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército).

¿Y cómo fue su integración al gabinete Galarreta?

Muy bien. Hay gente que viene de otras canteras políticas, no es un gabinete sectario ni que mire hacia adentro. Tiene mucha homogeneidad en la concepción económica; promover la inversión, eliminar trabas burocrática que golpean sobre todo a la pequeña y microempresa.

La presidenta Fujimori, ¿ha dado alguna disposición a ustedes como ministros de rendir cuentas cuando son cuestionados por la prensa o tienen algún tipo de investigación?

No, nosotros hemos tenido absoluta libertad en conformar nuestros equipos de trabajo. No ha habido ninguna presión o cuota o nada de esa naturaleza. En lo personal, no. No me ha hecho ningún requerimiento. Hemos podido trabajar, digamos, tranquilamente.

Lo consulto porque, en palabras de la misma mandataria, el ministro Bengolea dio explicaciones a sus cuestionamientos en su contra...

Sí, pero las pidió dar él, no es que se las pidieron, sino en un momento que estuvo el gabinete almorzando, él quiso dar una explicación por iniciativa propia de la situación que se estaba ventilando en la prensa, y fue algo que nació de él. Todos nos hemos quedado muy tranquilos con eso.

¿Y usted, ha tenido que dar algún tipo de explicación por su interpelación en el Congreso por el caso Evangelina Arias?

No, entiendo que el grueso de la interpelación es sobre el estado de emergencia en Pataz, si uno ve el pliego interpelatorio. Pero ninguna explicación, ahí no hay nada por fuera de lo que manda el marco legal. En el Perú, creo que con acierto, se permite el financiamiento privado de la política, ya sea a través de una persona natural, como ha sido mi caso, o personas jurídicas.

¿No considera que es un conflicto de interés que la presidenta de una minera como Poderosa esté vinculada a usted?

Cualquier aporte de una persona natural o jurídica a un partido político se prestaría a esa misma suspicacia. Una cosa es la posibilidad de que exista el conflicto y otra cosa es que ese conflicto se materialice en algo que es muy fácil de verificar. Si una persona ha colaborado en un partido y después obtiene una ley, obtiene una prebenda, ahí se vería de manifiesto ese conflicto. Por eso es importante que todo sea sobre la mesa.

Entonces, ¿qué es lo que busca JP con esta moción?

Es un poco la esgrima parlamentaria, hacer sentir su peso, su poder. A mí me han interpelado antes que se constituyan las comisiones. No había ni siquiera Comisión de Defensa constituida ni en el Senado ni en Diputados. Pero igual, estoy a la espera de que esto lo vea el pleno. En caso se me interpele, tendré que ir y contestar con veracidad y con el mayor espíritu democrático.

¿No lo considera una presión?

No, obviamente el tiempo que voy a dedicar a eso es tiempo que podría estar dedicado en la emergencia de El Niño o en poner los retenes militares en los penales, en fin. Es parte de las reglas de la democracia, hay que verlo con buen ánimo.

¿Cree que JP busca devolver favores a la minería ilegal disfrazada de informal tras el apoyo que han recibido en campaña?

Sería especular. Creo que es evidente que en el pasado la minería ilegal ha financiado muchas campañas, pero no me atrevería a señalar que JP fue financiada por la minería ilegal. Eso no me consta. Pero, por eso, yo reivindico la política y el ordenamiento jurídico que señala que los privados que quieren colaborar a un partido político sea sobre la mesa, fiscalizado, regulado, para que toda la documentación sea pública.

La prensa internacional advierte que el Perú está perdiendo la batalla contra la minería ilegal, ¿cómo evalúa esto?

Es un tema complejo porque un minero artesanal que está en una concesión privada es ya un minero ilegal. Esos no son contra los que tenemos que combatir. Eso se va a resolver a partir de la Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE). Nosotros, desde las FF. AA., actuamos contra la minería criminal real, contra organizaciones que utilizan y se protegen con armamento de guerra, que utilizan explosivos contra las fuerzas del orden, contra la población civil.

¿Deberían formalizarse los pequeños mineros?

El proceso de formalización es necesario en muchísimas personas que viven de la minería artesanal y están en situación de informalidad. La ley lo que tiene que hacer es recogerlos y darles una posibilidad a que se formalicen. Pero evidentemente la ley MAPE anterior, la que se quiso aprobar, era convertir el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) en ley, eso tampoco era aceptable porque el Reinfo ha sido el principal instrumento para perpetuar y promover la informalidad minera del Perú.

Entonces, ¿está en contra de la ampliación del Reinfo?

Creo que se puede, en tanto no exista una ley, tiene que haber un marco legal que los ampare. Pero sí tenemos que ser conscientes que el Perú no puede vivir sin una ley que regule y promueva e incorpore la minería artesanal y la pequeña minería. Esto requerirá que todos cedan en algo.

Pero en el caso de Pataz, ¿qué han identificado?

En la situación de Pataz, hay una población grande que se dedica a la minería informal y lo que ocurre es que ellos son también víctimas de estas organizaciones criminales, que han entrado y tienen sometida a la población a través de la extorsión, el secuestro y la toma directa de sus operaciones mineras.

¿Cómo están actuando?

En lo que va del año, hemos incautado ya como 80 fusiles, más de media medio centenar de pistolas, granadas, pertrechos militares, chalecos antibalas, cosas que nada tienen que ver con la minería artesanal. Un fusil no tiene ninguna aplicación útil para la minería artesanal, tampoco una pistola ni una granada. Entonces, lo que tenemos que promover es evidentemente el entendimiento entre la minera y los mineros informales, las asociaciones que los organizan para ir aislando a las organizaciones criminales y poder actuar decididamente contra ellos.

En un tema tan urgente, ¿qué opina de la elección de Yenifer Paredes como presidenta de la Comisión de Energía y Minas?

Es parte de la negociación política. No me parece mal en el sentido de que es la correlación de fuerzas y la dinámica parlamentaria lo que determina las asignaciones de las comisiones y quiénes las presidan. Lo que necesitamos es que, sea la diputada Yenifer Paredes u otra persona, hay que tener la voluntad de encontrar una ley que sea razonable y que funcione. El peor escenario es mantener el statu quo, es decir, la ausencia de ley.

Pero al no tener Paredes experiencia en el sector, ¿no caería en presiones de la minería ilegal?

Cada partido tiene su agenda parlamentaria, defiende sus intereses políticos. JP tiene particular interés en la Comisión de Energía y Minas. Me parece muy bien. Espero que no se convierta en una fuerza que obstruya también el desarrollo de la gran minería. El Perú requiere una reforma integral que promueva la pequeña, la mediana y la gran minería. Hay espacio para las tres.

Ahora están frente a la aprobación de las facultades legislativas, ¿qué pedido formuló?

El de tomar el control perimétrico de los penales para poner nuestros retenes con escáner, con detectores de metales, y tener un sistema que permita controlar todo lo que ingresa al penal. No solamente a las visitas, todo el personal administrativo, proveedores que llevan alimentos. Es decir, nada va a ingresar a un penal si no pasa por un retén militar y da previamente su visto bueno. Porque es una realidad que el grueso de las llamadas extorsivas se hacen desde dentro de los penales. Vamos a controlar también que estén funcionando los bloqueadores de señal celular, las 24 horas, todos los días de la semana para tener ese control.

¿Y en el tema migratorio?

Está vinculado a la situación de los indocumentados. Los que han venido a sumar y trabajan honestamente no son objetivo de las FF. AA.; pero los que han venido a dedicarse al gota a gota, a la extorsión, al sicariato o a delinquir, lo que vamos a hacer es identificarlos y expulsarlos. En el pedido de facultades está extender el plazo (de expulsión) para yo poder retenerlos en unos centros de retención, que estamos acondicionando en instalaciones militares en desuso, para una vez tener un grupo de 50 o 100, y expulsarlos del Perú a su país de origen.

¿Realmente usted cree que la participación de las FF. AA. en la lucha contra la inseguridad está dando resultados?

Ha tenido resultados muy limitados porque hay un marco legal que no permite actuar con la contundencia que se requiere, especialmente en los cascos urbanos. Pero los estados de emergencia donde las FF. AA. han participado sí ha habido avance. Hoy el Alto Guayaga está absolutamente pacificado y es la economía legal y formal la que opera ahí. Lo mismo la zona del Monzón, es decir, las zonas en el VRAEM que eran muy peligrosas se han ido reduciendo. Ahora están básicamente constreñidas en Vizcatán del Ene. Lo mismo en la frontera norte contra la disidencia de las FARC. Ahí se están conduciendo operaciones muy efectivas con resultados muy alentadores también. Buscamos poder exterminarlas por completo.

En su lectura, ¿considera el Plan Escudo como efectiva?

No tengo los números porque yo no lo he conducido, pero el Ministerio del Interior tendría que hacer una evaluación. Pero la custodia en los parques de maniobra, me parece, que ha sido efectivo en el sentido de que no han habido atentados como hubo en el pasado. Ahí hay una presencia militar permanente. Nosotros, en algunos puntos críticos, la presencia militar continúa, pero es imposible tener un efectivo militar en cada unidad de transporte público. Eso por ahí no es, no está la solución.

¿Cuál es su principal meta que usted quiere cumplir como ministro de Defensa?

Tener los retenes militares establecidos en todos los penales de máxima seguridad, poder catalogar a los grupos, a las organizaciones criminales que queremos como grupos hostiles, y poder actuar sobre ellos con acción decidida. Es un término, una figura, no lo tomen en sentido literal, pero muerto el perro, muerta la rabia. Si nosotros neutralizamos a las organizaciones que extorsionan, no van a haber extorsiones en el Perú. Entonces, esa, desde el ámbito de la pacificación interna, es mi principal meta.