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Rafael Vela consideró que el presidente Martín Vizcarra fue “imprudente” en sus declaraciones en contra de la devolución de los S/524 millones a la constructora brasileña Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

El mandatario opinó a inicios de mes que el daño causado por la empresa “es tan grande” que no correspondería la devolución del dinero solicitado, el cual debería quedar como “un fondo”.

“Creo que este daño [de Odebrecht] es tan grande que no podríamos, no correspondería -desde mi punto de vista- hacer una devolución, cuando puede que, de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos”, dijo Vizcarra.

Al respecto, Rafael Vela señaló que el jefe de Estado es el primer funcionario “que debe acatar las decisiones de carácter judicial”.

“[¿Cómo toma las declaraciones del presidente?] De manera inconveniente e imprudente porque se trata del presidente constitucional de la República, que es el primer funcionario que debe acatar las decisiones de carácter judicial sin entrometerse, sin intromisiones”, afirmó el fiscal superior en entrevista con Perú21.

Vela señaló que “no debería existir ningún nivel de opinión” de parte del mandatario ni tampoco del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien consideró que una investigación hace referencia también a los procesos en etapa preliminar. 

Como se recuerda, de acuerdo a lo establecido en el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht, "la devolución [del dinero] procede por parte de la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia, previo informe del Ministerio Público, indicando que [la empresa] no tiene investigaciones o procesos suspendidos".

En ese sentido, luego de que Odebrecht solicitara el reembolso de los S/524 millones, la fiscalía presentó un informe en el que señala que ni la empresa ni sus vinculadas tienen "investigaciones o procesos penales fuera del acuerdo de colaboración eficaz".

Para Rafael Vela, “las opiniones del presidente del Poder Judicial deberían guardar prudencia y no entrometerse en asuntos de son de carácter estrictamente técnico”.

“Este tipo de declaraciones políticas, desvinculadas del análisis técnico, nos preocupan y nos parecen imprudentes porque no se trata de la opinión de cualquier ciudadano; se trata de la opinión de un ministro [de Justicia], de un presidente constitucional, del presidente del Poder Judicial y todo eso es, evidentemente, un mecanismo dentro del cual se puede interpretar cierta presión sobre quienes tienen que decidir de forma autónoma. (…) Estas declaraciones no contribuyen a tener un clima estrictamente técnico y nosotros interpretamos que son inadecuadas e imprudentes respecto al momento en que vivimos”, acotó.