El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, aseguró hoy durante el interrogatorio al exdirector ejecutivo del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), Rodney Carvalho, que el Ministerio Público ha “encontrado un grado casi absoluto de comprobación” de actos ilícitos en el caso GSP.

“El señor Carvalho tiene una interacción con funcionarios, pero también con muchos funcionarios que se relacionaban con la conquista de este proceso [del gasoducto]. Dentro de esa decisión se puede comprobar información relacionada a socios ocultos y, en general toda esa información es valiosa porque hemos encontrado un grado casi absoluto de comprobación”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Carvalho llega para la etapa decisiva de la buena pro. Por tanto, toda la información que ha aportado ha estado orientada a la conquista del proyecto, que para el Ministerio Público dio a través de una serie de hechos de carácter ilícito”. agregó.

En esa línea, Vela indicó que Carvalho confirmó la veracidad de los documentos presentados por los exejecutivos de Graña y Montero, José y Hernando Graña, quienes se encuentran en calidad de colaboradores eficaces, y destacó que con su testimonio se podrá “interactuar y vincularse” ambas versiones para “fortalecer” el caso a cargo de la fiscal Geovana Mori.

“Hemos comprobado la autenticidad de abundante documentación proporcionada y que nos conduce dentro de la ruta de comprobación de las hipótesis relacionadas con graves casos de colusión agravada, de lavado de activos, asociaciones ilícitas que creo que perfilan el caso en su momento para que la fiscal Giovana Mori pueda incorporar y generar consolidación de sus líneas de investigación”, señaló.

Interrogatorio a Jorge Barata

En otro momento, Vela confirmó que el interrogatorio que se tenía programado realizar este martes a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, fue postergado para mañana (miércoles 11).

Barata deberá responder mañana por el Caso Gasoducto, el proyecto Olmos y las investigaciones por presunto lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú también responderá por los ‘codinomes’ (apodos) que la empresa asignó a distintas personas para realizarles pagos ilícitos.