El juez Juan Carlos Checkley rechazó ayer dos recursos presentados por Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, contra la investigación que afronta por ser la supuesta líder de una red criminal que operaba al interior del Ministerio Público.

Se trata de dos tutelas de derechos. La más importante pedía que la fiscal suprema Delia Espinoza sea apartada como encargada de las pesquisas, por no tener “competencias” sobre aforados, y se devuelva toda la carpeta a Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación interino, para que dirija el caso.

La segunda exigía la exclusión de todos los elementos recabados y actos realizados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y perseguía, también, invalidar los chats entregados por un congresista a quien se conoce como el agente “Roberto”.

Sobre el primer recurso, el juez Checkley arguyó que no se podía apartar a Espinoza del caso, pues no se garantizaría la imparcialidad en la investigación si la conduce Villena o el fiscal supremo Pablo Sánchez, debido a que ambos son testigos en ella.

“Así resulta razonable que el conocimiento del caso haya sido derivado y asumido por Espinoza”, afirmó Checkley.

El magistrado decidió rechazar la segunda tutela al considerar que no hay elementos suficientes para determinar la exclusión de pruebas obtenidas en las investigaciones.

Precedente. Al respecto, los penalistas Andy Carrión y Julio Rodríguez coincidieron en que la reciente decisión judicial marcará un precedente para que otros involucrados, como los 14 congresistas, no puedan formular una petición similar a la de Benavides, pues terminaría rechazado de plano.

“A pesar de que falta dilucidar el tema en una segunda instancia, este precedente podría desembocar en que los recursos que presenten incluso los congresistas sean declarados infundados”, advirtió Carrión. Rodríguez opinó en el mismo sentido.