El Poder Judicial renovó las órdenes de ubicación y captura, a nivel nacional e internacional, contra la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, a fin de que cumpla la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión impuesta por su participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que condenó a Chávez como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado.

De acuerdo a RRP, la resolución fue emitida el 14 de agosto.

El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, cuestionó la medida y sostuvo que la captura de su patrocinada no sería posible debido a que permanece bajo asilo diplomático en México. La defensa considera que esta situación impide ejecutar la orden de captura mientras se mantenga dicha protección.

Además de la pena de prisión, la sentencia impuso a Betssy Chávez dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/12 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado. Este monto deberá ser pagado de manera solidaria con el exmandatario Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres.

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