El juez Romualdo Aguedo dictó impedimento de salida por el plazo de 18 meses para Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, gerente general de la refinería La Pampilla, administrada por Repsol Perú, tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en el mar de Ventanilla.

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La medida restrictiva también alcanza a Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción.

En la víspera, los investigados se habían allanado a la solicitud de la fiscalía.

El magistrado tomó esta decisión, al verificar los presupuestos de ley para la imposición de esta medida: el peligro de fuga y elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito imputado de contaminación ambiental.

Para ello, la fiscalía acreditó con el registro migratorio de los imputados desde el 2018 con constantes ingresos y egreso al país hasta la fecha.

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RESPONSABLES. El fiscal Ariel Tapia señaló que, de manera preliminar, la tesis de investigación es que la refinería La Pampilla habría incurrido en una demora por no haber actuado a tiempo en la mitigación, remediación y rehabilitación del daño ocasionado en el litoral peruano (más de un millón de litros de petróleo en el mar).

Tapia enfatizó que la empresa Repsol se ha comprometido a que, en un plazo de 30 días, cumpla con resarcir el daño ocasionado. Ello, sin perjuicio del proceso penal que aún continúa.

El fiscal informó que el buque Mare Doricum -que descargaba petróleo brasileño para la refinería- viene siendo materia de diligencias a efectos de verificar sus características y cómo sucedieron los hechos del pasado 15 de enero, a través de la versión del capitán de la embarcación. También ha pedido la incautación del buque ante el Poder Judicial.

Roberto Noriega, abogado penalista de Estudio Linares, dijo a Correo que el proceso penal contra los investigados recién inicia y que la fiscalía no necesariamente puede tomarse que termine el plazo del impedimento de salida del país para formalizar la investigación.

“La investigación preliminar puede tomar unos ocho meses, que podría prolongarse a unos ocho meses adicionales. Pero eso depende de la fiscalía, que también puede formalizar la investigación. En la etapa de investigación preparatoria, actúa el juez de garantías para cautelar el proceso. Tras ello, la fiscalía puede emitir la acusación contra los imputados que considere y presentarla ante el Poder Judicial”, detalló Noriega.

Sobre la posibilidad de una prisión preventiva para los investigados, Noriega explicó que la imposición de esta medida se dificulta, en atención a que el Poder Judicial ya dictó impedimento de salida.

“Con un impedimento de salida, desaparece el peligro de fuga, que también es uno de los requisitos para la imposición de la prisión preventiva”, explicó Noriega.