Un nuevo escándalo remece al aparato estatal tras revelarse el presunto uso de testaferros para acceder a contratos por cientos de miles de soles. Un reportaje de Panorama evidenció que personas de bajos recursos figuran como representantes de empresas que han prestado servicios a diversas entidades públicas, pese a no tener conocimiento de dichas operaciones.

Uno de los casos orresponde a Sila Espinoza Tamara, quien aparece registrada como fundadora y representante de la empresa Coalzi SAC, firma que logró contratos por 217 mil soles con el Ministerio de la Producción y, anteriormente, por 353 mil soles con el Ministerio Público. Sin embargo, la mujer asegura desconocer la existencia de la empresa y niega haber trabajado con el Estado; señala que se dedica a las labores del hogar y que su economía depende del trabajo de su pareja, quien es mototaxista.

También se menciona el caso de Cindy Calderón Gamero, quien figura como presunta socia de la empresa, pero no pudo ser ubicada. De acuerdo con vecinos, trabajaba en un banco y no se le conocía actividad empresarial.

Otro de los casos corresponde a la empresa Conalti EIRL, que consiguió contratos por 447 mil soles con el Ministerio de la Producción para la comercialización de diversos insumos. No obstante, su representante, Ítala Baltazara Rodríguez, sería en realidad una trabajadora del hogar, según lo manifestado por su familia.

Ante estas revelaciones, el viceministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, anunció la suspensión de los pagos pendientes a las empresas involucradas y el inicio de un proceso de control sancionador. Asimismo, indicó que las autoridades buscan identificar a los verdaderos responsables detrás de estas compañías y determinar si existen redes que estarían utilizando a terceros para acceder a contratos con el Estado.