En medio de los cuestionamientos porque no se instalaron diferentes mesas en Lima por la no llegada del material electoral el domingo 12 de abril, el congresista Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

DETALLES

De acuerdo con el documento presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, el legislador denunció a Burneo por infracción a los artículos 31, 142, 176 y 178 de la Constitución, por hechos cometidos durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

En el documento, Edwin Martínez pidió que terminar la investigación en la Subcomisión, se emita un informe final que recomiende acusar constitucionalmente a Burneo y le imponga como sanción la destitución del cargo de vocal supremo titular de la Corte Superior de Justicia y, en consecuencia, del ejercicio de la presidencia del JNE.

Además, solicitó la inhabilitación de Burneo para el ejercicio de la función pública por 10 años.

MOTIVOS

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, el legislador sustenta su denuncia en que días antes de la jornada del 12 de abril, Roberto Burneo garantizó públicamente que los comicios serían “unas elecciones correctas” y que “no habrá ningún fraude en la jornada electoral”.

“El JNE bajo su presidencia anunció el despliegue de cincuenta mil fiscalizadores en todo el territorio nacional, con presencia en cada centro de votación. Esta promesa pública constituyó un compromiso institucional solemne ante la ciudadanía, cuyo incumplimiento agrava la responsabilidad constitucional del denunciado”, se lee en el escrito.

En ese sentido, mencionó que al menos 52 mil ciudadanos fueron privados del ejercicio de su voto en Lima Metropolitana porque no se instalaron mesas en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

Además, Martínez señaló que la Contraloría emitió un informe de control el 24 de marzo de este año, informe que advertía que la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., contratada por la ONPE, no acreditó que sus conductores cumplían con la experiencia mínima requerida.

“Resulta probado que apenas una semana antes de la jornada electoral, Servicios Generales Galaga publicó en redes sociales profesionales (LinkedIn y Facebook) convocatorias desesperadas solicitando 400 unidades tipo furgón cerrado para lo que denominaba ´proyecto electoral´”, precisó el legislador.

También consideró que si bien Burneo pidió disculpas, evadió responsabilidad.