Un reportaje de Cuarto Poder emitido este domingo reveló el historial judicial y político de Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú, quien acumula ocho denuncias ante la Fiscalía por delitos que incluyen peculado, falsa declaración en proceso administrativo y falsedad ideológica. Sin embargo, ninguno de esos procesos figura en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones para participar en las elecciones generales del 2026.

Las denuncias más documentadas corresponden a su gestión de 17 meses como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. El informe pudo constatar algunas facturas que evidencian que los fondos de caja chica de su despacho fueron utilizados para cubrir gastos de alimentación en reuniones de trabajo, con consumos en pollerías y cevicherías que en algunos casos superaron los 400 soles con cargo al presupuesto del Estado.

La Fiscalía abrió además una investigación a dos trabajadores de su gestión por presuntos recortes de sueldos a colaboradores del ministerio. Según la denuncia, se descontaba al menos el 10% de las remuneraciones a cambio de renovar los contratos de trabajo.

El ministerio también fue señalado por incorporar militantes de Juntos por el Perú bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un mecanismo que no exige concurso público ni el cumplimiento de requisitos específicos. Los sueldos de estos allegados llegaban hasta los 15,000 soles mensuales, según las denuncias periodísticas recogidas en el reportaje.

El dinero del partido y una cuenta personal

Otra investigación fiscal apuntó al manejo de los fondos de Juntos por el Perú durante las elecciones regionales y municipales del 2018. Militantes que deseaban postular estaban obligados a realizar un pago, pero ese dinero, según la denuncia, no ingresó a las cuentas del partido sino a una cuenta personal del hermano de Sánchez.

El exmilitante Leandro Serna señaló que los montos recaudados nunca fueron rendidos con claridad ante la organización. Un estimado presentado en el reportaje ubica lo recaudado a nivel nacional por encima del millón de soles.

Por su parte, Yehude Simon, fundador de Juntos por el Perú, acusó a Sánchez de adueñarse del partido y alertó sobre prácticas poco éticas dentro de la organización política.

“Se apoderó del partido. Las cuentas nunca transparentó, se apropió del dinero porque nosotros entregamos el dinero a nivel nacional, todos los candidatos hicieron llegar a esa cuenta y si no, no podían participar en el proceso”, afirmó.

Simon también trazó un perfil del candidato a partir de su experiencia directa con él dentro de la organización política y lo describió como un personaje peligroso que representa a la izquierda.

“Un tipo muy peligroso para la política, un tipo muy peligroso para la izquierda, un tipo recontra peligroso para el Perú y un tipo que carece de moral y ética”, sostuvo.

La denuncia por administración fraudulenta fue archivada sin que se realizara una pericia contable. A ese proceso se sumó una acusación por una presunta acta falsa que habría sido utilizada para que Sánchez fuera reconocido ante el JNE como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Proyectos que favorecen la minería ilegal

En el Congreso, la actividad legislativa de Sánchez incluye más de una decena de iniciativas que han sido cuestionadas por favorecer actividades mineras al margen de la ley, según un informe de El Comercio publicado días antes del reportaje. Entre ellas figura un proyecto que solicitó una nueva prórroga del REINFO y el reingreso de 50,000 mineros ilegales al padrón de formalización.

Otro proyecto de su autoría, bajo el marco de minería con prácticas ancestrales, exime a los llamados microproductores mineros ancestrales de presentar permisos para el uso de explosivos y de instrumentos de gestión ambiental para la adquisición y transporte de insumos químicos.

La congresista Diana Gonzáles, de Avanza País y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, describió la forma en que Sánchez operaría sobre esa comisión sin ocupar formalmente su presidencia.

“Yo considero que Roberto Sánchez es el presidente en la sombra de la Comisión de Energía y Minas”, advirtió.

Gonzáles detalló además el mecanismo con el que esa influencia se traduciría en decisiones concretas dentro del grupo de trabajo parlamentario.

“Desde esta última presidencia de Cutipa y Juntos por el Perú, pues es básicamente dictaminar los proyectos de Roberto Sánchez y recibir las órdenes de Roberto Sánchez, tanto en las iniciativas como en las sesiones, en el cambio de sesiones extraordinarias. Roberto Sánchez manda un oficio y se cambia automáticamente la agenda de la comisión”, sostuvo.

El peso de ese historial judicial y político surge en medio de un momento electoral que Sánchez no esperaba. Según la última encuesta de Ipsos Perú realizada el 21 y 22 de marzo, el candidato de Juntos por el Perú alcanzó el 5% de intención de voto a nivel nacional, empatando en el tercer lugar con otros tres candidatos, luego de haber iniciado el año con apenas 0,6% en enero.

Su crecimiento se sostiene principalmente fuera de Lima, donde llega al 11% en el Perú rural y supera en ese segmento a candidatos mejor posicionados en el escenario nacional, según el Instituto de Estudios Peruanos. Sin embargo, las denuncias por peculado, fraude y falsedad ideológica expuestas por el domunicial, junto a las acusaciones por sus vínculos con la minería ilegal y su alianza con Antauro Humala, ensombrecen una candidatura a menos de dos semanas de las elecciones generales del 12 de abril.