Con 20 años de creación, la Sala Penal Nacional -órgano de justicia especializado que juzga y sanciona los graves delitos de crimen organizado, lavado de activos y violación a los derechos humanos- protagoniza uno de los capítulos más accidentados de la historia en el sistema de justicia nacional.

En concreto, los 25 magistrados que integran este subsistema- ubicado en la primera cuadra de la avenida Uruguay, en el Centro de Lima- no acatarán lo que dispone el recién creado estatuto de la Sala Penal Nacional.

Este estatuto, elaborado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispone trasladar las investigaciones vinculadas a corrupción como el caso “Lava Jato” al Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La Sala Penal Nacional comunicó esa decisión en defensa de sus fueros, a través de un documento dirigido a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano de deliberación del PJ, para que intervenga en este conflicto judicial.

Entre tanto, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, ha puesto paños fríos al conflicto señalando que no se está restando competencias a la SPN y que ningún juez, hasta el momento, tiene un proceso vinculado al pago de coimas de empresas brasileñas.

Cabe mencionar que el sistema anticorrupción, cuya coordinadora es la jueza superior Susana Castañeda Otsu, entró en vigencia el 31 de marzo pasado. Se encuentra al costado de Palacio de Justicia, en la calle Manuel Cuadros.

En esta historia de líos judiciales se encuentra el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, quien el último jueves fue el primer magistrado de la SPN que se declaró competente de ver un caso vinculado a Odebrecht: la investigación contra el expresidente Alan García por encabezar una organización criminal dedicada al lavado de activos.

Ayer, otra Sala de Apelaciones hizo lo propio, desconociendo el estatuto y rechazó el pedido para apartar de una investigación al expresidente Alejandro Toledo, también por Odebrecht.

Lo cierto es que diferentes abogados de investigados seguirán invocando el estatuto de la Sala Penal Nacional para presentar una batería de recursos legales y que esos casos pasen al nuevo Sistema Anticorrupción.

En los fueros judiciales, se destaca la severidad y firmeza de los jueces de la SPN no solo enviando a prisión a cabecillas de organizaciones criminales, sino también a expresidentes y exfuncionarios públicos, acusados de recibir coimas de Odebrecht.

Con la labor de esta sala, se determinó la prisión preventiva de 18 meses contra Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

Asimismo, se pidió la captura internacional de Alejandro Toledo y Eliane Karp, quienes antes fueron también objeto de una decisión de 18 meses de prisión.

Igual sucedió con los exdirectivos de Graña Montero, ICCGSA y JJ Camet, consorciadas con la brasileña Odebrecht.

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Inestabilidad El pronunciamiento de la SPN señala que la “incorporación de reglas para determinar la competencia en una resolución administrativa colisiona con el principio de reserva de la ley, y por tanto incurre en injerencia interna en la labor jurisdiccional de esta Sala Nacional”.

Además, recuerda que, inicialmente, los juzgados penales nacionales dispusieron la remisión de los expedientes de casos ligados a corrupción de funcionarios al Sistema Anticorrupción, acatando otra resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del PJ.

Esas decisiones fueron impugnadas por el Ministerio Público y, en segunda instancia, se estableció que dicha resolución transgredía el principio del juez natural, esto es, que los magistrados de esta jurisdicción fueron quienes vieron el caso desde la primera solicitud hecha por un fiscal.

“La citada resolución no solo genera inestabilidad, sino que pone en riesgo la continuidad e institucionalidad de un subsistema que ha operado por más de 20 años en el procesamiento de delitos graves y complejos y (en) cuya actividad no se registran cuestionamientos”, reza el documento.

Incluso, recuerdan que el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, “ha reconocido el aporte de este órgano en el incremento de la credibilidad de este poder del Estado”.

La inestabilidad también radica, señalan, en la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para el concurso de 14 plazas de jueces superiores y 15 para jueces especializados penales.

Este punto ha generado molestia al interior de la Sala Penal Nacional. Los magistrados de dicha jurisdicción señalan que son jueces titulares porque rindieron un examen riguroso ante el CNM.

Así, no encuentran explicación de por qué tendrían que volver a rendir otro examen.

Eso es justamente, la molestia del juez Concepción Carhuancho, quien está meditando volver a postular al distrito judicial de Lima (ver entrevista).

“Es discriminatoria”En otro punto, indican que la convocatoria a concurso público para cubrir las plazas de la SPN, ordenada por la cuestionada resolución administrativa, resulta “discriminatoria”, ya que los jueces del Sistema Anticorrupción no tienen necesidad de someterse a ningún examen para reclamar su titularidad.

En esa línea, recuerdan que cuando se creó el Sistema Especializado Anticorrupción, a través de otra resolución administrativa del CEPJ, no se hace mención a la necesidad de concurso público.

“Las plazas de los mencionados órganos jurisdiccionales, por la naturaleza de su competencia, no se convocarán a concurso público, sin señalar argumentos que justifiquen esa decisión”, señala el documento.

Ahora, será la Corte Suprema, que preside Duberlí Rodríguez, la que decida qué hacer con este caso, quizá el más complejo al interior del Poder Judicial.

Mientras se espera la respuesta, la lucha anticorrupción puede verse afectada, pues se desconoce a dónde irán a parar los casos vinculados a “Lava Jato”, afectando su tramitación y celeridad.

Abren concursoEntre tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció ayer que realizará el concurso público para la selección de los jueces que integrarán la Sala Penal Nacional.

El acuerdo del CNM se dio luego de recibir un oficio, el pasado 28 de diciembre, de parte del Poder Judicial.

Por ello, la institución que dirige Guido Águila acordó convocar al concurso de 14 plazas para jueces superiores y 15 para magistrados especializados penales.

Los elegidos formarán parte de la Sala que tiene como competencia juzgar delitos de terrorismo y criminalidad organizada, entre otros.

“El pleno del Consejo acordó por unanimidad programar la convocatoria a dichas plazas conforme al cronograma aprobado de concursos públicos para el año 2018, incorporándolas en la convocatoria N° 003-2018-SN/CNM, cuyo plazo de inscripciones se encuentra previsto para el mes de febrero del próximo año”, indica el comunicado que emitió el CNM.

Duberlí: “No estoy enfrentado con Richard Concepción Carhuancho”

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, descartó que tenga algún tipo de enfrentamiento con el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Le renuevo mi confianza (a Concepción Carhuancho) como integrante de la Sala Penal Nacional y le expreso mi reconocimiento por su trabajo. No estoy enfrentado con él”, manifestó a RPP.

CIFRAS

2018 es el año del concurso para designar a jueces que integrarán la Sala Penal Nacional.

12 magistrados de la SPN mostraron su respaldo al juez Richard Concepción.