Desde la clandestinidad, el prófugo Alejandro Sánchez recurrió al sistema de justicia -ese mismo que le impuso prisión preventiva en el caso Gabinete en la Sombra- para recuperar un activo que fue de su propiedad: el lugar de las reuniones subrepticias del expresidente Pedro Castillo cuando estaba en el poder.

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A través de su defensa legal, Sánchez Sánchez presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida por el juez Leodan Cristóbal Ayala que autorizó el allanamiento e incautación a la casa del jirón Sarratea, en Breña.

Dicha diligencia fue ejecutada el 6 de enero pasado por personal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder para que la vivienda pase a manos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

El juez concedió la apelación y elevó el recurso a la Tercera Sala Penal de Apelaciones, según consta en la resolución a la que accedió Correo.

Esta sala -conformada por los jueces superiores Ramiro Salinas Siccha, Víctor Enriquez Sumerinde y Yeny Magallanes- deberá convocar a una audiencia en los próximos días para analizar el recurso legal

Según la Fiscalía, la casa de de Sarratea habría sido un “centro de operaciones” de la presunta organización criminal que lideraría Castillo para “instrumentalizar el poder en su beneficio y con ello defraudar al Estado”.

Alejandro Sánchez Sánchez está incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que ofrece la suma de 30 mil soles por información que dé con su paradero.