La Contraloría General de la República (CGRP) debe someterse a un proceso integral de reestructuración y racionalización frente a las sistemáticas denuncias por su inacción frente a flagrantes casos de corrupción en municipios y gobiernos regionales, así lo señaló Miguel Ángel Ferreyra, abogado y analista político.

“Más allá de exigir la renuncia o permanencia del actual contralor Edgar Alarcón, se hace necesaria que la propia institución sea reorganizada en su totalidad, tanto en personal como en procesos y procedimientos”, puntualizó el especialista.

Para Ferreyra, el hecho que las Oficinas de Control Institucional, OCI, de los gobiernos municipales y regionales en donde se han producido evidentes casos de corrupción, no hayan actuado de manera adecuada siendo dependientes de la Contraloría, demuestra que hay serios problemas en la gestión.

“Los jefes de las OCI, dependen de la Contraloría y ante ellos se han paseado evidentes casos de corrupción de entidades públicas, demostrando que no se han realizado de manera adecuada el control previo para prevenir y evitar la sustracción de recursos del Estado”, precisó Ferreyra.

Se hace necesario que la corrupción privada y no solo la estatal pueda ser investigada por la Contraloría, al menos aquellas empresas que contratan con el Estado y que podrían coludirse para realizar fraudes al erario público.

“La figura de la corrupción entre privados es ampliamente abordada por la legislación española y europea, donde se castiga a las entidades que perjudican con sus actos corruptos a la comunidad, independientemente que sea estatales o no”, indicó.

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