César Hinostroza solicitó una reprogramación de la sesión por tener una citación en la fiscalía. (Foto: Alonso Chero / GEC)
César Hinostroza solicitó una reprogramación de la sesión por tener una citación en la fiscalía. (Foto: Alonso Chero / GEC)

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspendió este lunes la audiencia por la denuncia constitucional N°366 presentada por la Fiscalía de la Nación, en la que continuarían escuchando los alegatos de los investigados por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La acusación incluye al exfiscal supremo Tomás Gálvez, el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y los exconsejeros Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez Pebe, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal.

Durante el desarrollo de la audiencia se dio cuenta de un permiso médico presentado por Tomás Gálvez, por encontrarse internado en una clínica local con diagnóstico de neumonía por COVID-19.

“El denunciado Tomás Aladino Gálvez se encuentra en este momento internado, según los informes que me han llegado, en la Clínica Internacional, sede San Borja, al haber sido diagnosticado por neumonía por COVID-19”, indicó la vicepresidenta del grupo de trabajo, Tania Rodas (APP), quien condujo la sesión.

Asimismo, Hinostroza Pariachi presentó una solicitud para reprogramar la sesión por tener una citación en la fiscalía.

Esta audiencia fue la continuación de la suspendida el pasado 19 de abril, luego que no se contara con el quórum necesario ante el desarrollo de diversas comisiones al mismo tiempo. Este escenario provocó que César Hinostroza solicitara “la nulidad” de la sesión y que esta se repita en una próxima fecha ya que -a su consideración- sus argumentos de defensa no fueron escuchados por el grupo de trabajo.

Como se recuerda, en julio de 2020, la fiscal de la Nación presentó la denuncia constitucional contra estos cuatro investigados en el marco del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Esto ante la recomendación del informe que presentó en febrero de ese año el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, quien tiene a su cargo la investigación contra altos magistrados que estarían implicados en este caso.