La Confederación Suiza rechazó un pedido de cooperación judicial del Ministerio Público peruano en el juicio contra el expresidente Pedro Castillo y el teniente PNP Eder Infanzón Gómez pues consideró que los hechos vinculados al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 son un “delito político” y, según su legislación, ese país no brinda asistencia en esos casos.

La negativa fue comunicada a través del Ministerio Público suizo como respuesta a una solicitud de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía peruana, que buscaba conocer el estado migratorio y tiempo de permanencia en ese país del teniente Infanzón, declarado reo contumaz por no asistir al juicio.

La autoridad suiza argumentó que los cargos contra el oficial corresponden a delitos contra el Estado y, por tanto, son de naturaleza política, lo que impide brindar información conforme a su ley sobre asistencia judicial penal internacional.

El documento remitido por Suiza detalla que su normativa interna —específicamente el artículo 3, párrafo 1, de la Ley sobre asistencia judicial penal internacional— prohíbe expresamente la cooperación en casos relacionados con delitos políticos.

Además, cita que el tratado bilateral vigente con Perú contempla la posibilidad de denegar asistencia si los hechos imputados son considerados como tales.

De este modo, cualquier intento de Perú por obtener información sobre la situación de Infanzón, como la fecha de ingreso al país, su paradero o si ha solicitado asilo, queda sin respuesta oficial.

Implicado

Infanzón es uno de los tres policías acusados de participar en el golpe. Según la Fiscalía, tras el mensaje de Castillo, recibió órdenes del general Manuel Lozada, entonces jefe de la VII Región Policial Lima, para impedir el ingreso de congresistas al hemiciclo. El propio Infanzón declaró que ejecutó la orden en coordinación con el comandante Justo Venero.