​Susana de la Puente sigue fuera del país, pese a investigación fiscal

A fines de febrero se cumplirá un año desde que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, señalara -desde Brasil- a la exembajadora Susana de la Puente como el nexo para que la constructora financie la campaña presidencial de Alianza por el Gran Cambio, que postuló por primera vez a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski en el 2011.

Barata manifestó, ante miembros del equipo “Lava Jato”, entre ellos el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, haber entregado a De la Puente $300 mil como aporte a los gastos del partido.

Desde entonces, la Fiscalía peruana no ha emitido ninguna medida restrictiva o tomado las declaraciones de la exrepresentante diplomática en Reino Unido, quien tampoco ha puesto un pie en territorio nacional desde que viajó a España el pasado 22 de enero del 2018, de acuerdo a su registro de movimiento migratorio, al que Correo tuvo acceso.

SECUENCIA

Siete meses después, el 28 de febrero del 2018, Barata declaró haber financiado la campaña de PPK en el 2011 a través de De la Puente. Además, señaló haberle dado $700 mil al empresario israelí Avraham (Avi) Dan On durante el gobierno de Alejandro Toledo, y $200 mil al excongresista Luis Alva Castro por la campaña de Alan García.

Tras cinco días en silencio, De la Puente remitió una carta al extitular de la Fiscalía Pablo Sánchez, donde le manifestaba su disposición a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público: “Le expreso mi entera disposición a comparecer ante las instancias del Ministerio Público y a ayudar en lo que esté a mi alcance para efectuar las aclaraciones que resulten pertinentes”.

Asimismo, precisó la dirección de un domicilio en Lima “con la finalidad de facilitar cualquier acto de notificación que se disponga”, debido a que entonces residía en Inglaterra.

Al respecto, Cancillería informó que se dispondría de todas las acciones y medidas para que la entonces embajadora participe en las diligencias que solicite la Fiscalía. Incluso, el propio Kuczynski sostuvo que De la Puente estaba “lista para venir a Perú y explicar su situación ante las autoridades competentes”.

Dijo también que los presuntos financiamientos ilícitos que habría otorgado Odebrecht a su campaña debían ser investigados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

No obstante, con los cuestionamientos sobre los vínculos de la exfuncionaria con la constructora brasileña, el Gobierno dispuso el 10 de junio del 2018 -a través de una resolución suprema- dar por terminadas las funciones de Susana de la Puente como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y como representante permanente del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI).

El documento fue firmado por el mandatario Martín Vizcarra y el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio.

Solo dos días antes la Fiscalía abrió una investigación preliminar a la exfuncionaria por el delito de lavado de activos.

Pese a haber sido cesada de su cargo, De la Puente no regresó al país, por lo que permanecería en el continente europeo.

Este diario buscó comunicarse con el abogado Augusto Loli, quien sería la defensa legal de la exembajadora, pero no atendió a nuestras llamadas.

OTROS CASOS

La misma disposición fue establecida para el expresidente Kuczynski en el caso de su empresa Westfield y los pagos que recibió de Odebrecht, y para la ex “pareja presidencial” Ollanta Humala y Nadine Heredia por los aportes que habrían recibido de la referida empresa.

Asimismo, la excandidata presidencial Keiko Fujimori permanece en prisión preventiva por 18 meses, acusada de lavado de activos por dinero irregular que la constructora habría entregado a sus allegados para la campaña del 2011.