Vía Parque Rímac y Rutas de Lima le costarán millones a limeños

Las obras, gestionadas durante la administración de Susana Villarán, le habrían ocasionado grandes pérdidas al Estado, según hipótesis de la Fiscalía
Vía Parque Rímac y Rutas de Lima le costarán millones a limeños

Vía Parque Rímac y Rutas de Lima le costarán millones a limeños

27 de Noviembre del 2017 - 08:13 » Textos: Gabriel Mazzei/Juan Hidalgo

La gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría ocasionado grandes pérdidas al Estado a través de millonarios contratos y concesiones de obras viales con las empresas brasileñas como OdebrechtOAS. Esa es la hipótesis que maneja la Fiscalía y quecorrobora el congresista Víctor García Belaunde, integrante de la comisión Lava Jato.

De igual modo, en su momento, el informe legislativo de la Comisión Pari dejó entrever que hubo hechos de corrupción en estas concesiones.

En diálogo con Correo, García Belaunde estimó que “se han regalado a estas compañías brasileñas entre 4 y 12 mil millones de dólares en contratos de hasta 40 años para administrar negocios a cambio de pequeñas obras”.

En esa línea, lamentó que la gestión Villarán haya incurrido en “el mismo modus operandi de la corrupción”, el cual abrió las puertas a empresas brasileñas en el Perú para ofrecer coimas a funcionarios a fin de verse favorecidos en la adjudicación de obras públicos.

Como se sabe, el fiscal Hamilton Castro dispuso abrir investigación preliminar contra la exburgomaestre así como al exgerente general de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro Gutiérrez, por el caso Lava Jato.Se debe mencionar que Rutas de Lima fue concesionada a Odebrecht, mientras que Línea Amarilla, hoy conocida como “Vía Parque Rímac”, a OAS.

CONTRATOS

En el caso de Línea Amarilla, firmada con el consorcio liderado por OAS, el congresista Víctor García Belaunde explicó que esta obra- consistente en la concesión de la rehabilitación e instalación del sistema de peaje de la Vía de Evitamiento- fue vendida a un precio de 1,500 millones de dólares para una explotación de 40 años.

“Son negocios que van a dar mucha rentabilidad (para las empresas) y que la municipalidad percibirá apenas un 7 % de los contratos. Casi una propina”, cuestionó el legislador.En ese sentido, dijo que, al precio de hoy, la ganancia para las empresas extranjeras que tienen a su cargo estos proyectos será de 4 mil millones de dólares, pero conforme al tiempo del contrato (40 años), la cifra se incrementará, a 12 mil millones de dólares, teniendo en cuenta el flujo de caja, “por el aumento de autos que circularán y, por consiguiente, el peaje subirá”.De hecho, criticó este tipo de contratos ya que permite a los consorcios extranjeros vender a terceros a sumas extraordinarias, “que valen mucho menos y encima no son de su propiedad”.investigación. En el caso de la Fiscalía, basó su tesis del caso en los colaboradores eficaces que afirmaron que José Castro Gutiérrez habría pedido 3 millones de dólares a Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria de la entonces alcaldesa y 1 millón a OAS.De esta manera, el representante del Ministerio Público sospecha que el financiamiento de la revocatoria a favor de Susana Villarán tiene una directa vinculación con estas obras. 

En el caso de Odebrecht, el exejecutivo de esta empresa, Jorge Barata, señaló ante la Fiscalía que el dinero que ingresó a la campaña del No provenía de la División de operaciones estructuradas de la empresa Odebrecht (Caja 2), que, en buena cuenta, era la contabilidad paralela de la constructora para el pago de coimas. 

MÁS DE UN ARGUMENTO

De igual modo, el informe elaborado por el excongresista Juan Pari -quien presidió la primera Comisión Lava Jato en el Parlamento anterior- también ofrece indicios de que los contratos (o las adendas) firmados por Villarán con Odebrecht y OAS representan un perjuicio para la ciudad de Lima.Una de las conclusiones de dicho documento, por ejemplo, refiere que “no existiría una justificación técnica y económica para ampliar la concesión de 30 a 40 años” establecidos en la primera adenda del contrato para el proyecto Línea Amarilla, que entonces pasó a llamarse Vía Parque Rímac.

Además, el informe Pari destaca que la modificación al contrato violaría la Ley Marco de las Asociaciones Público Privadas, norma que establece que los cambios de este tipo deben contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, un requisito que no se cumplió.La mencionada adenda se firmó, como se sabe, el 13 de febrero del 2013, es decir, días después de que la exburgomaestre se reuniera con Valdemir Garreta para definir el costo de la asesoría para la campaña del “No” a la revocatoria de ese año, de acuerdo con las declaraciones que ofreció dicho publicista brasileño al Ministerio Público.Asimismo, el documento señala que Villarán de la Puente se reunió con José Adelmário Pinheiro Filho, también conocido como Leo Pinheiro, el expresidente de OAS, la constructora brasileña que estuvo a cargo precisamente del proyecto Línea Amarilla. Sin embargo, no precisa la fecha del encuentro y refiere que la temática de la cita, así como los acuerdos alcanzados, se mantuvieron en reserva.

LLUVIA DE MILLONES

El informe en minoría, publicado en junio del año pasado, estima también la cantidad de dinero que la concesionaria de Línea Amarilla recaudaría en los 40 años de concesión.De acuerdo con las tarifas de los peajes del 2016, y considerando los incrementos anunciados para ese año, la entonces Comisión Lava Jato del Congreso calculó que la recaudación anual era de 97’147,780 millones de dólares.Es decir, en el tiempo total de concesión se cobraría nada menos que 3,885’911,185 dólares, una cantidad que no contempla los futuros incrementos en el peaje ni aquel que funcionará en el túnel que se ejecuta bajo el río Rímac.El documento indica también que la diferencia de 10 años de concesión representan 917’477,796 dólares.

‘DOLEIROS’

Aunque poco se sabe de la manera en que se efectuaron los pagos de la constructora OAS, el informe Pari ofrecería una luz al respecto, al indicar que un millonario monto ingresó al país mediante “doleiros”.“Por lo menos cuatro personas, denominadas “doleiros”, se han acogido al beneficio de la delación premiada y han indicado que ellos trasladaban dinero de Brasil a Perú para ser entregados a funcionarios de la empresa OAS. 

La comisión investigadora ha detectado que en la primera quincena de marzo del año 2013 se realizaron por lo menos cuatro viajes por parte de estas personas, las que habrían realizado la operación de entrega de este dinero a funcionarios de OAS”, consigna el documento, que estima que por esta vía ingresaron al país 1.2 millones de dólares.Para fundamentar esta sospecha, se citó las declaraciones de Rafael Angulo Lopez, una de estas “mulas”, ante la Procuraduría de la República de Paraná, en Curitiba, Brasil.“Fue al Perú tres o cuatro veces entre 2013 y 2014 (…) Que generalmente transportaba en estos viajes, almacenado en sus piernas la cantidad aproximada de 120 mil dólares”, cita el informe, el que agrega que siempre entraba y salía del país en una aerolínea diferente y que también se quedaba en diversos hospedajes.

La entonces Comisión Lava Jato contrastó dicha información con el récord migratorio de Angulo Lopez, así como de los brasileños Adarico Negromonte y Carlos Alexandre de Souza Rocha y Rafael Angulo López. Los tres reportan ingresos al Perú durante marzo del 2013, cuando el proceso de revocatoria en Lima estaba en pleno desarrollo.

Lamenta

“Es un golpe muy duro para la izquierda” El exgerente de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, lamentó que la campaña del No a la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán esté involucrada en el caso Lava Jato.“Yo creo que es un golpe muy duro para la izquierda”, dijo Guerra García, quien pidió a la exburgomaestre “dar la cara hasta el final”.Además, hizo un mea culpa por no hacer “más conflicto” sobre la decisión de Villarán de manejar su campaña fuera del “ámbito partidario”.

CIFRAS

8 meses estableció la fiscalía como plazo de las investigaciones a Susana Villarán y José Castro por cohecho y lavado de activos.

$4 millones habría pedido el exgerente municipal José Castro para la campaña por el “No”.