El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el pedido del Ministerio Público para dictar impedimento de salida del país por 36 meses a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y otros investigados.

No obstante, dicha instancia del Poder Judicial declaró fundado en parte el requerimiento fiscal e impuso a la exburgomaestre una serie de restricciones y el pago de una caución económica de S/ 20 mil.

Asimismo, el juzgado declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y dictó impedimento de salida por 2 meses contra Miguel Prialé, José Miguel Castro, Diego Ferré Murguía, Daniella Canales Hernández y Augusto Rey Hernández de Agüero.

Las medidas se aprobaron en el marco de la investigación contra Villarán de la Puente sobre la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla.

Dicho caso fue acumulado en las pesquisas que se realizan contra la exalcaldesa por supuestamente recibir aportes de la empresa Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria y su reelección en el 2014.

En abril pasado el juez Jorge Chávez Tamariz accedió a la petición del fiscal José Domingo Pérez. En la investigación por este caso están comprendidos Villarán, José Miguel Castro y Domingo Arzubialde por el delito de colusión.

A Susana Villarán se le imputa haber solicitado a través de Castro al presidente de la empresa OAS, José Adelmario Pinheiro Filho, dinero para incumplir las obligaciones funcionariales a su cargo, en relación con estas negociaciones irregulares.

OAS tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla, y en la gestión de Villarán se firmó una adenda para ampliar de 30 a 40 años la concesión del peaje. En tanto, Odebrecht, como accionista del proyecto Rutas de Lima, firmó contrato con la Municipalidad de Lima en enero de 2013.

Por estos hechos, Susana Villarán es procesada por los delitos de cohecho pasivo propio, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, vinculados a la presunta recepción de dinero de parte de la constructora brasileña.

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