La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, planteó que se modifique el artículo 117 de la Constitución para que el presidente pueda ser acusado por corrupción durante su mandato, a fin de que se le pueda condenar y separar del cargo sin recurrir a la figura de la vacancia.

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Sus declaraciones se dieron al ser consultada sobre el inicio de investigación preliminar del Ministerio Público contra el presidente Pedro Castillo.

“Es urgente reformar el artículo 117, sino lo que va a pasar es que tendrá un proceso y tendremos que esperar a que termine su periodo, pero si modificamos el 117 entonces lo sacamos. Por no modificar un par de artículos de la constitución, la única manera de sacarlo es por la vacancia. Saquémoslo bien, si el presidente es delincuente, entonces que se le acuse durante su mandato por delitos de corrupción, entonces se le condena y se le saca”, refirió.

“La vacancia no corresponde para la infracción constitucional ni para el delito, por eso modificar el 117 le da una salida jurídica al problema”, agregó.

Actualmente, al mandatario solo se le puede acusar por determinados delitos, los cuales están contemplados en el artículo 117 de la Carta Magna, la cual actualmente estipula lo siguiente:

“El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

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En diciembre de este año, la bancada del Partido Morado presentó un proyecto de reforma constitucional que busca que un presidente de la República pueda ser acusado, durante su función, por delitos como organización criminal y corrupción de funcionarios. La iniciativa lleva las firmas de los tres legisladores del grupo: Edward Málaga-Trillo, Susel Paredes y Flor Pablo.

De esta manera, el jefe de Estado podría ser acusado por la presunta comisión del delito de organización criminal y de los siguientes delitos de corrupción de funcionarios: cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias, o enriquecimiento ilícito.