Se ha configurado un enfrentamiento manifiesto entre el Poder Ejecutivo y el jefe de la Procuraduría General del Estado (PGE) que, hasta el viernes, era Daniel Soria Luján.

Este funcionario ha sido suspendido por una comisión ad hoc del Ministerio de Justicia, mientras se lleva a caso un proceso disciplinario que podría culminar en una destitución.

Conocido por defender a ultranza la autonomía de la PGE frente al Gobierno, Soria Luján salió a los medios a defenderse: cuestionó la sanción como “absolutamente arbitraria, que se basa en fundamentos jurídicamente equivocados”.

En entrevista con RPP llegó a sugerir que el Ejecutivo y, de manera explícita, la presidenta Dina Boluarte, no serían ajenos a la decisión adoptada por la comisión ad hoc del Ministerio de Justicia.

Soria Luján aseveró tener “todo el derecho a razonar” que su suspensión tiene relación con la participación de la Procuraduría General (PGE) en las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas sociales tras la caída de Pedro Castillo.

CAUSALIDAD .

“Es una hipótesis plausible -declaró a RPP- porque ha habido muchas resistencias a nuestra participación en ese proceso, a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones. Digamos que esta respuesta es al trabajo que hemos venido realizando. Yo sí establezco una relación de causalidad al respecto”, indicó.

“Lo que queda claro es que la cabeza del sector Justicia es el actual ministro de Justicia, que a su vez depende de toda la estructura del Poder Ejecutivo cuya cabeza es la presidenta Dina Boluarte. La presidenta no puede ser ajena a estos sucesos, no puede salir a decir que acá hay un procedimiento en el que no participa, porque este procedimiento se ha abierto con fines de destitución”, agregó Soria.

Si el proceso termina en una destitución, la presidenta Boluarte deberá designar a un sustituto.