La diputada de Juntos por el Perú Jacqueline Tapullima habría llegado al Congreso con una firma que no le pertenece. Un peritaje grafotécnico de la Policía Nacional, difundido el domingo por Cuarto Poder, concluyó que la rúbrica de su declaración jurada de postulación no le pertenece. La pesquisa halló nueve diferencias en trazos, curvas y bordes frente a sus autógrafos auténticos.

HUELLA

Este hallazgo no es aislado. Un examen dactiloscópico previo ya había descartado que la impresión digital registrada en el mismo expediente correspondiera a la legisladora, por lo que la Fiscalía de Tarapoto la investiga desde fines de mayo por presunta falsa declaración y delito contra la fe pública.

Con nulas intenciones de colaborar, la representante de San Martín no acudió el pasado 15 de junio al peritaje respectivo y terminó por acogerse a su derecho de guardar silencio. Fuentes oficiales citadas por el dominical explicaron que su inscripción solo buscó cubrir la cuota de género, pues la congresista no registra estudios superiores, trayectoria partidaria ni candidaturas previas.

VISITANTE

Pero eso no es todo. En el despacho de la legisladora habría trabajado una persona ajena a su equipo oficial. Según el registro de visitas de su oficina, la abogada Karolyn Bracamonte Valle ingresó 27 veces entre agosto y octubre, y permaneció 105 horas y 41 minutos, pese a no figurar en la planilla del Legislativo.

Un testimonio más puso en duda la transparencia de la congresista. Su exasesora María Pinedo relató que Bracamonte redactaba oficios y documentos y que ella advirtió a la diputada que esa práctica no debía permitirse. En un chat sobre proyectos de ley, la letrada escribió: “Todos somos un equipo y el producto final no es personal, es de todos para la diputada”.

Bracamonte atribuyó sus visitas a su amistad con la parlamentaria y que solo le brindaba sugerencias. No obstante, el reglamento del Parlamento prohíbe el trabajo ad honorem en los despachos congresales. Consultada sobre ambos temas, Tapullima evitó dar más explicaciones y se limitó a contestar: “Haga su investigación”.

ÉTICA

El caso no pasó desapercibido entre sus colegas. El diputado de Renovación Popular Javier Cipriani, integrante de la Comisión de Ética, sostuvo que la denuncia debe evaluarse en esa instancia.

En tanto, el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, fue más allá; pidió un pronunciamiento electoral y sugirió una denuncia constitucional. “No podría haber personas que trabajen al margen del orden que debe tener el Parlamento”, puntualizó.

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