El Tribunal Constitucional (TC) estima resolver antes de marzo el pedido del Congreso para dejar sin efecto la sentencia del Poder Judicial (PJ) que anula las investigaciones parlamentarias a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Fuentes del TC refirieron a Correo que todo dependerá de la agenda de la presidencia del supremo interprete de la Carta Magna, pero que el caso debería resolverse en el transcurso de febrero.

El último martes, la Procuraduría Pública del Congreso pidió al Tribunal Constitucional declarar nula la sentencia de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, el 11 de diciembre de 2023, dejó sin efecto la investigación a la JNJ que se desarrollaba en la Comisión de Justicia.

Por esas fechas, dicho grupo de trabajo parlamentario emitió un informe final que concluyó que Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry incurrieron en “falta grave”.

Este debía elevarse al pleno del Parlamento para debatir la remoción de los magistrados, pero la resolución judicial paralizó el proceso.

Doble rasero.

Mientras tanto, hay especialistas e instituciones que a raíz del caso se han manifestado en contra de la postura del Congreso, pese a que antes sí apoyaban los procesos a altos funcionarios en el Parlamento.

Uno de ellos es el abogado Samuel Abad, quien en 2018 opinó que el Legislativo sí estaba facultado para remover a los entonces integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, hoy JNJ. Ahora, como abogado de la Junta Nacional de Justicia, demanda respetar las resoluciones judiciales.

Proética también está en la lista. Antes exigía al Congreso destituir a Edgar Alarcón del cargo de contralor general. Ahora, rechaza que se investigue a los integrantes de la JNJ.

Cuando el CNM estaba activo, Proética demandó al Parlamento resolver “de inmediato” el polémico caso que enfrentaba el consejero Efraín Anaya, por reunirse con postulantes en pleno concurso público.

Sobre el tema, el constitucionalista Natale Amprimo expresó en Canal N que “no se puede discutir la capacidad que tiene el Congreso para decidir sobre la causa grave”.