La suerte del prófugo Vladimir Cerrón está en manos del Tribunal Constitucional (TC). El pleno de la institución evaluó ayer, en una audiencia pública, anular la orden de prisión preventiva de 24 meses que recae sobre el candidato presidencial de Perú Libre.

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El abogado Humberto Abanto detalló que su patrocinado Cerrón recibió mandato de prisión preventiva, en un caso de lavado de activos y otro –distinto a “Los Dinámicos del Centro”, pero derivado de él–, debido a que no pudo cumplir las reglas de conducta de su comparecencia con restricciones.

El incumplimiento respondió a que el perulibrista se sustrajo de la justicia tras ser condenado, el 6 de octubre del 2023, por el caso Aeródromo Wanka. Una sentencia que sería anulada por el TC un año después.

“Cuando un mandato del Estado, no solo jurisdiccional, es arbitrario y pone en peligro un derecho fundamental se activa este derecho a resistir”, alegó.

El magistrado del TC César Ochoa cuestionó a la defensa, sin embargo, Abanto reafirmó que el perulibrista no es un prófugo, sino “una víctima de un atropello judicial”.

Del lado contrario, la procuradora del Poder Judicial, Ingrid Bedregal, respondió que no existe vulneración alguna a los derechos de Cerrón en el presente caso. Aseguró que los argumentos por los cuales se le impuso una prisión preventiva aún se sostienen.

Destacó que persiste el peligro procesal, pues la defensa no ha demostrado por qué ya no existe la necesidad de imponer la prisión preventiva. “El señor está en una condición de prófugo. No se conoce un domicilio cierto o un paradero fijo”, puntualizó.

“La sentencia (por el Caso Aeródromo) no es conexa con el caso en el que se le impuso la prisión preventiva. Tampoco (Cerrón) se ha puesto a derecho una vez ya emitido” el fallo que anuló la pena, acotó.