TC rechaza incorporar a Ortiz de Zevallos como magistrado

La primera respuesta del Tribunal Constitucional (TC) ante los sucesos ocurridos el 30 de setiembre ha generado polémica en el mundo constitucional.

El pleno del TC, compuesto por 7 magistrados, rechazó ayer -por mayoría- incorporar al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo magistrado en esta institución. Ello, al considerar que el proceso que se realizó en el Congreso para el nombramiento del mencionado abogado no ha concluido, pues existen impugnaciones de legisladores ante este resultado.

Algunos expertos constitucionalistas manifestaron a este diario que dicho señalamiento por parte del máximo intérprete de la Constitución, también compromete la interpretación de "denegación fáctica" que empleó el presidente de la República, Martín Vizcarra, para dar lugar a la disolución del Congreso, mientras que algunos sostienen que no afectará el proceso de demanda competencial.

Contexto

En conferencia de prensa, el presidente del TC, Ernesto Blume, informó que se acordó no autorizar al titular de la institución a tomar juramento a Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado, "en tanto no concluya el procedimiento parlamentario correspondiente".

Esta decisión se basó en cuatro votos en contra de la admisión de Ortiz de Zevallos por parte de los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña; frente al voto a favor de Augusto Ferrero y José Luis Sardón.

Además, se dejó constancia de que es el pleno del TC "al que corresponde definir quién sería el magistrado a reemplazar".

Esto último, en respuesta a la polémica generada ante el presunto direccionamiento del Congreso para sustituir a uno de los actuales miembros del organismo constitucional.

Consideración

"Si el proceso de nombramiento no ha concluido significa que no hay causal para haber disuelto el Congreso. No existe la causal, a menos de que se considere que el mal humor del Parlamento con respecto al Ejecutivo ya es una causal o que, tácitamente, es un rechazo a la confianza solicitada. Pero, en realidad, no existe eso y ni siquiera ha sido válida la votación en el pleno, por lo tanto, el Congreso técnicamente podría reunirse de pleno derecho".

Postura similar tuvo el constitucionalista Natale Amprimo, quien consideró que el TC incurrió en un error al no incluir a Gonzalo Ortiz de Zevallos como tribuno.
“De acuerdo a la normativa parlamentaria, una vez que se dispensa del trámite de aprobación de acta, aún cuando se formulen reconsideraciones, es potestad del presidente tramitarlas o ejecutar los acuerdos según un informe de la Comisión de Constitución del 2004”, sostuvo.
En esa misma línea, señaló que si de acuerdo al TC, la elección de Ortiz de Zevallos no produjo ningún efecto jurídico, entonces “queda sin ningún peso la argumentación del Ejecutivo de disolver el Congreso”.
“Bajo el argumento de que la elección de Ortiz de Zevallos implicaba una denegación tácita a la cuestión de confianza formulada por Del Solar, ya no habría ninguna. ¿Cuál ha sido el acto válido jurídico que implicó la desconfianza?”, remarcó.
Para el letrado, la decisión del TC debilita aún más el argumento del Poder Ejecutivo sobre el cierre del Parlamento.

En contra

"El presidente Vizcarra no se basa en la designación de Ortiz de Zevallos, sino en todo el proceso de selección", dijo.

El letrado recordó que el pleno del Congreso también votó por la elección de otro tribuno que no llegó a alcanzar los votos.

"Son temas totalmente independientes", agregó.

Designación

Su designación fue reñida, compitió con Ferrero Costa, pero ganó con un total de cuatro votos.

Sin embargo, la elección de Ramos como ponente ha generado controversia.

Esto debido a que, en una entrevista del pasado 4 de octubre, aseguró que la disolución del Congreso "no es un golpe de Estado", lo que para algunos es considerado un adelanto de opinión.

El constitucionalista Amprimo destaca la existencia de dos grupos al interior del TC.

“Evidentemente, lo ideal hubiera sido que el ponente en una causa como esta sea alguien que no ha estado ventilando sus criterios, opiniones o disertaciones en los medios”, expresó.

Además, recordó que los tribunos no son recusables y, por ello, lo ideal hubiese sido colocar a un magistrado que no haya realizado expresiones públicas, como en el caso de Ramos.
“Yo diría que más allá de decir que adelanta opinión, hizo una opinión imprudente”, precisó.

Mientras que para Álvarez Miranda, la designación de Ramos Núñez como ponente en el caso es "una manifestación de fuerza" de "la mayoría de los magistrados (del TC), en el sentido de que le han dado la ponencia a quien debió inhibirse por haber adelantado opinión".

Por último, Quiroga consideró que "Ramos tendrá que responder por el adelanto".

Se ha fijado como fecha de un nuevo pleno el próximo 29 de octubre, a fin de emitir el auto de calificación sobre la admisibilidad o no del recurso.