La lideresa senderista Martha Huatay se marcha hoy del penal Ancón II, luego de cumplir la pena de 25 años de prisión aplicada por el crimen de terrorismo. Todavía no se advirtió dónde vivirá ni qué realizará apenas proceda la libertad de esta abogada de 74 años que, como patrona del denominado “Comité de Socorro Popular”, plantó destrucción a diestra y siniestra y así como aniquilamiento durante las décadas de los 80 y 90.

Sin embargo, la terrorista, conocida con los sobrenombres de “Rosa” o “Mary”, ostentó también distintos cargos en el sistema senderista: fue mandataria de la Asociación de Abogados Democráticos (AAC), cuya labor consistía en ofrecer asesoría jurídica y asumir la defensa legal de innumerables senderistas; y presidenta del innoble grupo Socorro Popular (SOPO).

Cabe mencionar que esta terrorista forma parte de la cúpula de 12 senderistas que tendrán que desembolsar al Estado peruano la cuantiosa cifra de 3,700 millones de soles como parte de una reparación civil solidaria. Este monto fue dictado por el Poder Judicial del Perú.

Huatay fue capturada en Pueblo Libre el 17 de octubre de 1992 con otros tres senderistas.

LEGALMENTE AUTORIZADA PARA EJERCER “JUSTICIA”, SEGÚN CAL

Ahora que recobrará sus derechos como ciudadana, Huatay también quedará habilitada para desempeñar su profesión como abogada.

Conforme indicó el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo Arana, Huatay, durante los 25 años que estuvo encarcelada cumplió con el pago de cotizaciones para preservar válida su habilitación. El importe asciende a 17 soles mensuales.

Agregó que no ha sido castigada como abogada. “Puede abrir sus estudios, puede ejercer la profesión sin ningún problema. No tiene limitaciones”, explicó.

Además, Huatay dejará las seldas de aislamiento sin cancelar su reparación civil. La justicia le impuso el pago solidario de 3700 millones de soles. Sin embargo, solo en el año 2012, el Estado peruano logró embargarle una oficina con lo que se cubrió una parte del pago.

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El congresista señaló también la importancia de que las autoridades policiales “estén vigilantes, atentos a todos los [terroristas] que están saliendo. El país y nosotros los [congresistas] del Frente Amplio estamos en contra de toda clase de terrorismo, venga de donde venga”.

El congresista Apaza señaló que a su “parecer particular”, Huatay “ya ha cumplido como cualquier persona su pena, y tiene derecho a reivindicarse, a reinsertarse a la sociedad, y si tiene una profesión de abogado, yo creo que tranquilamente puede ejercerla. La ley no la prohíbe, y por tanto más bien, Inteligencia y todas las fuerzas policiales tienen que estar atentos al seguimiento que debe hacérsele”.

Respecto a movimientos como el Fudepp y el Movadef, que saludaron la liberación de Huatay, el parlamentario indicó que si estos grupos quisieran recibirla en sus filas, el hecho corresponde a la “libre determinación de cada organización política”.

“Toda persona que ha cumplido su pena tiene el derecho de rehacer su personalidad tanto jurídica como políticamente”. En ese sentido, Huatay podría integrarse a esas agrupaciones, pues “la Ley no lo prohíbe”. Sin embargo, el parlamentario del Frente Amplio hizo la precisón de que la actividad política de Huatay debería estar “dentro de los cánones de la Ley”.