La “rebeldía” de los rectores de las universidades San Marcos (UNMSM), Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), Federico Villarreal y San Luis Gonzaga de Ica les costará los diplomas de grados y títulos a los cientos de estudiantes universitarios que intenten tramitarlos desde mañana.

Ello luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), disponga desconocer las firmas de estas y otras autoridades que se resisten a dejar sus cargos pese a que la ley universitaria establece su cambio.

Una vez aprobada esta medida, ya anunciada, Pedro Cotillo (UNMSM), Vladimiro Castillo (La Cantuta), José Viaña (UNFV) y Alejandro Encinas (San Luis Gonzaga) no podrán rubricar ningún documento, pues sus firmas carecerán de validez.

La decisión también alcanzará a la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), cuyos decanos tampoco han querido dejar la jefatura de sus facultades.

EN MARCHA. El secretario general de la Sunedu, Juan Antonio Silva Sologuren, adelantó a Correo que, aunque la inhabilitación todavía no ha sido oficializada, los integrantes del Consejo Directivo tras la reunión de hoy tomarán este acuerdo en contra de las instituciones de educación superior.

“Son varias medidas preventivas. Una de ellas es la suspensión del reconocimiento de firma en el Registro Nacional de Grados y Títulos. Eso implica no reconocer ningún diploma que sea suscrito por estas autoridades”, explicó.

Silva Sologuren precisó que esto no hubiera pasado si los protagonistas de la “rebeldía” se hubieran alineado al reglamento de la Superintendencia, el cual puso como fecha límite para convocar a elecciones el pasado 31 de diciembre.

“Falta tomar la decisión, pero existen todas las circunstancias que nos obligarían a adoptar estas medidas”, subrayó.

MÁS SANCIONES. Esta no será la única penalidad, pues como parte de los lineamientos sancionadores se comunicará la decisión al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitando que se suspenda la entrega de fondos a dichas instituciones.

“Se comunicará al MEF que estamos desconociendo a las autoridades que, pese al plazo impuesto por la Sunedu, se resisten a dejar sus cargos. Ellos (el MEF) tienen que evaluar si suspenden o no la titularidad con respecto al manejo de las cuentas de las universidades involucradas”, argumentó.

A esto se añade una denuncia penal y administrativa por usurpación de funciones y desacato a la autoridad contra los citados catedráticos, la cual sería interpuesta esta semana ante el Ministerio Público.

Al respecto, Silva Sologuren detalló a Correo que las acusaciones pesarán sobre cualquier persona que haya “obstaculizado” la implementación de la norma.

“Las acciones penales serán contra los miembros del Comité Electoral Universitario, los rectores, vicerrectores, decanos, estudiantes, administrativos y todo aquel que haya obstaculizado el proceso de adecuación decretado por el Gobierno”, expresó.

Sin embargo, el secretario general de la Sunedu afirmó que el panorama para las instituciones educativas podría cambiar si a última hora se designa a un rector interino, tal como ha sucedido en otras universidades, como la del Santa (Áncash).

“En realidad, no es una medida contra la universidad, es una medida contra las autoridades rebeldes. Si estas personas, cumpliendo los alcances de la ley y los mandatos establecidos, dejan el cargo y la universidad presenta un rector interino, los alumnos no se verían perjudicados”, concluyó.

REACCIONES. Al respecto, el expresidente de la Comisión de Educación del Congreso e impulsor de la reforma, Daniel Mora, consideró que el último fallo del Poder Judicial -que le da la razón a la Sunedu- permite que se haga cumplir la ley.

“Estos rectores rebeldes son rebeldes por otras causas, no necesariamente las altruistas. Lo importante de la decisión judicial es que debe poner término a esta situación, porque el mismo fallo le dice a la Sunedu que haga cumplir la ley vigente e imponga toda su autoridad”, señaló.

Además, el parlamentario opinó que el interés de los rectores por aferrarse a sus cargos responde a un temor de ser auditados por las gestiones entrantes.

“Habrá auditorías de proyectos, de títulos, de construcciones, de los ingresos propios, y ese es el peor terror que tienen estos rectores. Es mejor que reconozcan que han cometido errores y dejen que el profesor más antiguo tome el rol interino, como dice la ley”, sostuvo antes de agregar que lo único que han hecho es retrasar a la universidad y “perjudicar a los estudiantes”.

Entre tanto, el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, defendió la labor de la Sunedu y respaldó la nueva ley universitaria.

“Vuelvo a insistir: todos debemos estar interesados para que se respete la ley primero y luego asegurar la calidad de la educación”, indicó desde el Cusco.

El propietario del Consorcio Universitario UCV-USS-UA invocó además a dejar el cargo a quienes todavía no se han sometido a un proceso electoral.

“Invoco a los rectores a que den el ejemplo de respeto a la ley universitaria. Lo mejor que tiene (esta norma) es que trata de asegurar la calidad de la universidad”, destacó.

Asimismo, se mostró conforme en que los docentes sean evaluados y cuenten con estudios de posgrado para poder enseñar.

“Hay artículos que incentivan la inversión en las universidades públicas y obligan a las privadas a invertir lo más que puedan (...) Debemos todas las universidades abocarnos a respetar la ley”, subrayó.

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