A través de un recurso de agravio constitucional, la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para anular el delito de tráfico de influencias imputado en su contra y todas las decisiones judiciales impuestas a partir de dicho ilícito, en el marco del caso Odebrecht.
Así consta en un documento presentado por el abogado Heriberto Benítez, en representación legal de Toledo, contra la resolución de la Cuarta Sala Penal Superior de Lima que anuló de plano un hábeas corpus.
Según el documento, Benítez pide al TC que declare fundada su demanda, “anulándose todas las actuaciones, diligencias, pedidos, requerimientos y/o decisiones referidas al tráfico de influencias que fueron realizadas por el fiscal provincial Hamilton Castro y el juez Richard Concepción”.
De acuerdo con la defensa de Toledo, ambos representantes del sistema de justicia carecen de competencia para intervenir en las pesquisas contra el expresidente, que debe ser investigado por un juez supremo “al tratarse de un delito de función”.