El alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, fue trasladado a la ciudad de Ica para que sea procesado por las autoridades judiciales de esa zona del país.El se encontraba detenido en la carceleta del Poder Judicial del Cusco debido a los desmanes ocasionados durante el paro en contra de la minera Xstrata Tintaya.

El primo del burgomaestre Víctor Cruz Mollohuanca denunció el traslado de su pariente y lo consideró arbitrario ya que para las dos de la tarde de hoy se tenía previsto que rinda su manifestación en la sede judicial del Cusco y se decida sobre su detención preventiva.Por ello, responsabilizó al premier Oscar Valdés ya que se trata -en su opinión- de un hecho ilegal.

Cabe indicar que anoche, el Poder Judicial dispuso que los procesos que se tramiten en Cusco y Cajamarca, por delitos relacionados a la convulsión social, se remitirán a las sedes del Juzgado o Sala Superior de los Distritos Judiciales Ica y Lambayeque, respectivamente.

La medida se adoptó tras la reunión que sostuvieron en el Palacio de Justicia el presidente del Poder Judicial, César San Martín; el fiscal de la Nación, José Peláez; el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor; y el titular del Interior, Wilver Calle, con la finalidad de coordinar acciones eficaces de defensa del orden y legalidad.

En la Resolución Administrativa 096 – 2012 – CE – PJ, se dispone que las conductas delictivas que se investigan a raíz de la convulsión social en Cusco y Cajamarca, serán de conocimiento de órganos jurisdiccionales que tendrán competencia supraprovincial. 

De ese modo, el Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria, el Primer Juzgado Penal Unipersonal, el Juzgado Penal Colegiado y la Sala Penal de Apelaciones, con sede en Ica –Distrito Judicial del mismo nombre– ampliarán  su  competencia territorial a la región del Cusco.

Asimismo, el Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria, el Primer Juzgado Penal Unipersonal, Juzgado Penal Colegiado y la Sala Penal de Apelaciones con sede en Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, tendrán competencia territorial además en la región Cajamarca.

En uno de los considerandos de la citada resolución, el CEPJ indica que el Estado está en la obligación, pese a las dificultades registradas en Cusco y Cajamarca, de garantizar el debido funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y el ejercicio de los derechos fundamentales de odos los ciudadanos.

Además, garantiza los derechos en el proceso penal correspondiente a las personas que fueren detenidas, investigadas,  procesadas y juzgadas por la presunta comisión de alguna conducta