Ledesma saludó la decisión de los magistrados Augusto Ferrero y José Luis Sardón quienes aceptaron voluntariamente la reducción de sus salarios(Foto: GEC)
Ledesma saludó la decisión de los magistrados Augusto Ferrero y José Luis Sardón quienes aceptaron voluntariamente la reducción de sus salarios(Foto: GEC)

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, consideró hoy que el Congreso debería de aprobar una ley que reduzca de manera temporal las remuneraciones en el Estado en solidaridad con la población afectada económicamente por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

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Hubiera sido interesante que el Congreso haya sacado una ley para que este descuento se produzca de manera obligatoria. El Ejecutivo ha dejado a voluntad de que cada institución decida de manera voluntaria a este recorte”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

Creo que lo ideal hubiera sido que sea obligatorio, porque lamentablemente en el país se ve que la solidaridad es un tema que no necesariamente acompaña a todos”, agregó.

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En esa línea, Ledesma saludó la decisión de los magistrados Augusto Ferrero y José Luis Sardón quienes aceptaron voluntariamente la reducción de sus salarios para donarlo a una asociación benéfica en apoyo de los médicos “en primera línea de batalla ante el coronavirus”.

Saludo el gesto de Augusto Ferrero y José Luis Sardón que aceptaron voluntariamente reducir su sueldo, hemos escogido a la asociación benéfica ‘Médicos Solidarios’ para que sea la depositaria de los descuentos que serán donados. En esta situación tan trágica en la que estamos viendo cómo están nuestros compatriotas, este gesto es muy importante”, manifestó.

En mi caso son S/ 3,500 mensuales y los otros dos magistrados han dado más o menos lo mismo, es una suma mayor a la que ha dado el Gobierno que bordea los S/ 2,200”, precisó.

El pasado 28 de mayo el Gobierno planteó la reducción de manera temporal, por un periodo de tres meses, de la remuneración del presidente Vizcarra y los ingresos mensuales, provenientes de su cargo, de los funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder Ejecutivo, destinando los ahorros derivados de dicha reducción a contribuir con el financiamiento de medidas que permitan mitigar el impacto de la propagación del COVID-19.

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