El informe final de la misión de expertos electorales de la Unión Europea para el Perú concluyó que las Elecciones Generales 2021, realizadas este año “fueron en general creíbles e íntegras”.

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El documento -difundido este martes- indica que las autoridades electorales enfrentaron acusaciones “no probadas de falta de independencia”. Este comprende los comicios del 11 de abril, así como también la segunda vuelta presidencial del 6 de junio.

“Las elecciones generales de 2021 fueron en general creíbles e íntegras, de conformidad con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales que rigen los procesos democráticos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) gestionaron unas elecciones bien organizadas, a pesar de enfrentar acusaciones no probadas de falta de independencia, unas campañas de desprestigio sin precedentes y ataques -incluido acoso a sus presidentes- que perturbaron el proceso”, se lee en el informe.

“La transparencia y el apego a la ley que mostraron los organismos electorales a lo largo de todas las etapas del proceso, y en particular durante la resolución de los contenciosos postelectorales, indican que estas acusaciones carecieron de fundamento” agrega.

En esa línea, destaca que no hubo mayores incidentes durante las fechas en que se llevó a cabo el proceso electoral, pese a que hubo retraso en la instalación de algunas mesas de sufragio. También señala que ninguna institución del Estado reportó ninguna irregularidad que pudiera cambiar el resultado final de la elección.

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“Ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía de la Nación, ni los observadores nacionales o internacionales informaron de ninguna irregularidad importante que modificara los resultados. En consonancia con varios de sus interlocutores, la MEE UE considera que se abusó del derecho al recurso como estrategia para deslegitimar el proceso electoral, socavando al mismo tiempo la confianza de los ciudadanos en el JNE y en el resultado de las presidenciales”, refiere.

El documento señala, además, que las elecciones en nuestro país fueron duras y que se “alcanzó una radicalización extrema durante las semanas anteriores a la segunda vuelta presidencial”. En esa línea, indica, que los medios de comunicación, en su mayoría presentaron una cobertura a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y contraria al presidente electo Pedro Castillo, quien postuló por el partido Perú Libre.

“La cobertura informativa de la segunda vuelta presidencial por parte de la mayoría de los medios de comunicación privados fue claramente sesgada a favor de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, en detrimento de Pedro Castillo y Perú Libre, a menudo sin separar información de opinión, lo que socavó el derecho de los votantes a recibir una información veraz. Esta cobertura fue objeto de crítica por parte de asociaciones de periodistas y grupos de la sociedad civil, entre otros”, señala.

Finalmente, el informe final comunica que de las 22 recomendaciones formuladas al Perú en 2020, el país implementó 11 de ellas. Con relación al actual proceso, se formularon 15 recomendaciones, entre las que destacan:

• Sería aconsejable armonizar las disposiciones sobre los umbrales para la asignación de escaños en el Congreso y la baja de partidos, instituyendo un único umbral para ambos fines que evite la cancelación de un partido a pesar de haber obtenido representación en el Congreso.
• Es necesario capacitar a los futuros miembros de los jurados electorales sobre los detalles y la lógica de los procedimientos electorales para garantizar una aplicación coherente de las leyes y los reglamentos electorales, así como de la jurisprudencia.
• Debe indicarse claramente la autoría de los mensajes de campaña de terceros, así como sus fuentes de financiación y sus vínculos con las campañas de los partidos políticos y los candidatos.
• Iniciar un debate inclusivo con los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil sobre cómo abordar el incumplimiento de los compromisos internacionales, la legislación nacional y los códigos éticos por parte de los medios impresos y electrónicos, garantizar la aplicación de la ley en caso de infracción y considerar el fortalecimiento de las competencias del CONCORTV.
• A fin de reducir la publicidad engañosa de los partidos políticos y la desinformación en las redes sociales, las disposiciones legales sobre el contenido de los anuncios de campaña financiados por la ONPE deberían aplicarse también a los anuncios de campaña de los partidos en las redes sociales.