Numerosos usuarios legales de armas de fuego realizaron ayer una protesta pacífica frente a la sede de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, Sucamec, en Magdalena, para exigir que se derogue el Decreto Supremo 006-2013-IN, que restringe la posesión de armas y pone trabas a la tramitación de las licencias.

Thomas Saldías, coordinador de la Coalición por un Perú Libre de Armas Ilegales, solicitó que se establezca una mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros.

El dirigente advirtió que en las próximas seis semanas se vencen más de 170 mil licencias de posesión de armas y no se sabe qué va a pasar con los usuarios, pues nadie puede renovarlas porque ningún establecimiento del Ministerio de Salud está emitiendo certificados de salud mental, pese a que la nueva norma les otorga esta facultad.

“El Gobierno está buscando que a las personas que tienen armas se les venza la licencia y queden en situación irregular, como ha ocurrido en otros países, para allanar las viviendas, decomisar las armas y hasta detener a los que las portan”, advirtió Saldías.

OTRAS VÍAS. Además de las protestas pacíficas, los usuarios legales de armas han presentado 300 acciones de amparo en todo el país y están esperando que los juzgados emitan medidas cautelares para salvaguardar su derecho de tener armas de manera legal. También han presentado una demanda de acción popular para anular el cuestionado decreto supremo y han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, entidad que ha solicitado información a la Sucamec.

Entre los puntos cuestionables de la nueva norma destacan la prohibición para los civiles del uso de armas de calibre 9mm y la obligación de venderlas solo a miembros de las FF.AA. y PNP, la reducción de la vigencia de las licencias de 5 años a 1 año y los límites del numero de armas por persona: máximo dos para defensa personal, deporte, caza y seguridad y vigilancia armada.