El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización, respecto a los contratos del entorno del presidente Martín Vizcarra en el Estado, concluye que desde Palacio de Gobierno se favoreció a familiares y amigos para puestos de trabajo.

“Que este abuso de poder habría sido ejercido usando la norma que regula las contrataciones y contrataciones directas del Estado, desde Palacio de Gobierno, es decir, desde la primera autoridad del Poder Ejecutivo y sus servidores y funcionarios adscritos, quienes plantearon, promovieron y organizaron estos procesos de favorecimientos con funcionarios de las Altas Direcciones de diversos ministerios y organismos del Estado”, indica el documento de 160 páginas.

Asimismo, señala que estas prácticas vulneran no solo la normatividad penal y administrativa del Estado, sino “también un uso inapropiado del poder otorgado a los funcionarios y servidores que permiten o ejecutan estas prácticas”.

Además, destacan que los hechos materia de investigación implicarían que se hayan cometido infracciones constitucionales.

“En algunos casos cometidas por autoridades premunidas de inmunidad y altos funcionarios con derecho al antejuicio político”, se detalla.

En otra parte del informe, se explica que los audios difundidos evidencias acciones que pueden configurar delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia.

Por ello, se recomienda solicitar al Pleno del Congreso la ampliación del plazo de la investigación, “por un periodo de 30 días hábiles adicionales para terminar de procesar información nueva que ha sido enviada”.

Se agrega que se debe terminar de recibir las declaraciones de las personas implicadas, varias de las cuales han denunciado que no se les cita con anticipación.