Nelson Shack: “Estamos viendo casos como el de la secretaria de Palacio”

Resulta conveniente para una mejor fiscalización de los recursos públicos un marco regulatorio para que la Contraloría General pueda intervenir en la supervisión de los proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, refiere el contralor Nelson Shack Yalta. Con ese propósito, revela a Correo, presentará un proyecto de ley ante el Congreso. “El convenio de Gobierno a Gobierno no debe ser una modalidad para saltarse los  mecanismos de control”, asegura.

¿Cuáles son las accciones más importantes que ha desarrollado hasta la fecha la Contraloría?

Desde el inicio de la pandemia ya se ha desplegado más de 9800 servicios de control concurrrente  en sus distintas modalidades. Eso ha permitido revelar una serie de situaciones  irregulares a lo largo del territorio con los miles de millones de soles que el Gobierno ha puesto en atención de la emergencia. A la fecha, el gasto público supera los 100 mil millones de soles, de los cuales más de 30 mil millones se canalizan a través del presupuesto y el resto a través del sistema nacional. Creo que el control concurrente ha cumplido con advertir riesgos, irregularidades. Eso ha motivado que, en la mayoría de los casos, los actores hayan reaccionado y corregido. No podríamos tener un sistema eficiente si no hay pena, siempre es mejor prevenir que curar.

¿Estas irregularidades se han identificado más en gobiernos regionales, municipios u otros?

La mayor parte de las irregularidades está relacionada con los gobiernos subnacionales porque son más. En ese sentido, vamos a hacer un despliegue a nivel nacional de los más de 1500 informes de control. Van a trabajar en ellos unos 2500 auditores y creo que en los próximos meses vamos a poder tener ya las estadísticas finales.

Hace poco, sacaron un informe sobre el caso Swing, ¿están haciendo acciones de control sobre casos del Gobierno?

Sí, por supuesto. De hecho, no solo se está viendo el caso del señor Cisneros, sino también otros casos relacionados con este. Por ejemplo, los casos vinculados con las posibles irregularidades en la contratación de familiares de la secretaria de Palacio (Mirian Morales), los amigos del presidente, el tema de la familia o el padre de la ministra de Economía. Se han desplegado todas las acciones de control. Hay que esperar que concluyan las investigaciones. Los resultados se publicarán en las próximas semanas.

¿La próxima semana tendremos los resultados de los informes?

De algunos. Todos esos informes relacionados con este giro de control estarán seguramente publicados antes de que termine el mes de noviembre. Normalmente, nos demoramos tres meses en hacer una investigación de este tipo. Es más o menos lo que demoró el caso Swing.

En el caso del presidente, ¿cómo aparecería en el informe?

Dada las prerrogativas que tiene el Presidente de la República no son objeto de investigación por parte de la Contraloría. Se están investigando los hechos de contratación de una serie de personas que, de acuerdo con los medios de comunicación, podrían estar relacionados con la figura presidencial. Pero en modo alguno estamos investigando al presidente.

Si se hallase alguna responsabilidad, ¿el presidente podría ser mencionado en las conclusiones?

Si ha tenido a lo largo de las contrataciones algún tipo de injerencia, si hay evidencia, sin duda alguna va a ser mencionado en los informes.

¿Cuáles son los próximos megaoperativos que hará la Contraloría?

Nuestra prioridad es terminar con el megaoperativo de Cajamarca, que quedó inconcluso en medio de la pandemia. Estoy viajando a fin de este mes a Tumbes para iniciar el mega operativo allí. También está programado para octubre un megaoperativo en el Callao. Además, se ha dispuesto la contratación de alrededor de 1000 personas para fortalecer las capacidades de las oficinas de control. Con esa capacidad vamos a desarrollar antes de fin de año este mega operativo para el tema de las consultorías.

Además de la pandemia, ¿han tenido otro tipo de limitaciones?

La pandemia ha generado limitaciones para toda institución estatal. De hecho, hemos también sufrido los estragos de la COVID-19 al interior de nuestras instalaciones como muchas otras. Muchas de las entidades públicas están cerradas y están en  trabajo remoto. Si la entidad está cerrada, eso ha motivado que haya un desfase y por eso algunos informes se están demorando más de lo habitual. Más allá de las limitaciones de la pandemia no hemos tenido mayores dificultades.

¿Tienen un estimado de cuántos trabajadores han sido infectados en la Contraloría?

Lamentablemente, hemos tenido el fallecimiento de tres funcionarios de la Contraloría y hemos tenido más de 800 personas contagiadas. Felizmente, más de las 4/5 partes de los contagiados ya salieron de la COVID-19 y regresaron a sus funciones.

La Contraloría ha dicho que presentará un proyecto para contratos de Gobierno a Gobierno, ¿por qué es importante?

Es importante, porque cada vez notamos que hay un esfuerzo gubernamental por generalizar la intervención del Estado para la construcción de obras. Los convenios de Gobiernos a Gobierno siempre han existido, han estado circunscritos a la Defensa, para las armas, aviones, etc. Pero ahora se ha generalizado. Empezamos con la buena experiencia de los Panamericanos y se desplegó un control concurrente. No es que la Contraloría tenga un marco regulatorio que le permita intervenir en toda obra sujeta a convenio de Gobierno a Gobierno, porque hasta cláusulas de confidencialidad tienen. No podemos desplegar el control en una obra sujeta a este modalidad. Hemos decidido que es conveniente presentar una iniciativa. El convenio de Gobierno a Gobierno no debe ser un mecanismo para saltarse los procedimientos  de control. Por ejemplo, resulta que empresas que están sancionadas o siendo investigadas pueden terminar siendo contratadas, porque quien los contrata son los conductores del convenio de Estado a Estado.

¿Cuándo lo presentarán?

Estamos trabajándolo. Es parte de las coordinaciones que hemos hecho, ya nos hemos reunido con tres bancadas. Estimamos que a principios de octubre estaríamos presentando esa y otras iniciativas legislativas. Ojalá que el Congreso pueda hacer en su agenda un espacio para discutir y aprobar estas iniciativas.

La Contraloría busca evitar los actos de corrupción, ¿no se podría hacer algo similar con las órdenes de servicio?

Sí. De hecho, si uno mira todas las órdenes de servicio de las instituciones públicas, la cifra supera las 200 mil. Cuando el control concurrente se expande a bienes y servicios ahí vas coberturar las órdenes de servicio y consultorías. Pero sobre todo no hay que satanizar a las órdenes de servicio. Una orden de servicio girado a un proveedor que hace bien su trabajo, que cumple bien con el perfil, que entrega los servicios contratados, que no es usado para desfalcar al Estado, está perfecto.

¿Cómo evitar irregularidades y  ver que cumplan con el perfil?

Hay un tema muy importante vinculado a la sanción. Más allá del control social, la sanción es importante. Que haya sanciones ejemplares a los que hayan cometido irregularidades.

En el caso Richard Swing, el presidente Vizcarra ha dicho que enviará las respuestas por escrito, ¿le parece transparente?

Evidentemente, hay que entender que el Presidente tiene una serie de prerrogativas. He escuchado que va a enviar todos sus comentarios, información que requiere la Comisión de Fiscalización. Yo diría que ya con eso se está cumpliendo con la esencia de poner a disposición de las autoridades competentes la información que se requiera.

¿No cree que hay una falta de transparencia?

Evidentemente, hubiera sido mejor que haya la posibilidad de que existe una entrevista, pero esas son decisiones que ha tomado el Presidente de la República. En lo particular, si me cita el Congreso, yo voy. Reitero que lo importante es que la comisión de Fiscalización tenga acceso a la información que requiera, al margen del tema que se hace por video, presencial o por un audio, lo importante es tener la información. Siempre se pueden hacer repreguntas, enviar una carta para la información adicional y es una responsabilidad ineludible de todas las autoridades dar la respuesta que requieren los órganos competentes para sus investigaciones.

La prensa no tiene acceso a hacer preguntas en directo…

No me podría pronunciar sobre cómo hacen las entrevistas en el Gobierno. Lo cierto es que en el caso de la Contraloría, si puedo dar fe de que tenemos la mayor disposición para actuar con la prensa. Hay que respetar la necesidad de mantener el distanciamiento social. Creo que siempre hay maneras de interactuar con los altos funcionarios.

¿Están haciendo alguna acción de control sobre el Congreso?

Sí, de hecho, nos han llegado varias denuncias. El Congreso no ha estado viendo temas directos del COVID-19, a partir de ahora se comienzan a desplegar una serie de acciones. En el transcurso de las próximas semanas van a ver que saldrán algunos informes de control simultáneo sobre algunos temas de la gestión congresal.

Ahora, lo que está haciendo el Congreso no está vinculado a temas de COVID-19. El Congreso ha presentado una moción de censura contra la ministra de Economía, ¿le parece oportuno?

Esas son prerrogativas constitucionales que tiene el Congreso, siempre es posible que haya una interpelación, moción de censura, eso corresponde al Congreso y pronunciarse en beneficio de todos.

Sobre la declaratoria de bienes, usted ha dicho que hay una novedad tras la reunión con bancadas...

El Congreso aprobó las declaraciones juradas, pero aún no se ha promulgado. Nuestra preocupación también está enfocada en las declaraciones juradas de bienes y rentas. Tiene que haber un solo sistema que regule las sanciones y es por eso que la propuesta que estamos viendo con las bancadas es que se genera una nueva ley que sea de declaratoria de bienes, ingresos, rentas, todo junto. Así se va a poder simplificar el costo administrativo que tiene.

Perfil

Nelson Shack Yalta

Economista. Egresado de la facultad de Economía de la Universidad del Pacífico (1988-1992). Realizó una maestría en Gestión,  Políticas y Finanzas Públicas en la Universidad de Chile entre 1996-1997. Reemplazó a Edgar Alarcón.