"El Tribunal desde el comienzo cuando no concedió la medida cautelar no cumplió con la función que le correspondía", indicó Luis Huerta. (Foto: Fernando Sangama)
"El Tribunal desde el comienzo cuando no concedió la medida cautelar no cumplió con la función que le correspondía", indicó Luis Huerta. (Foto: Fernando Sangama)

El procurador en temas constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, consideró este jueves que con el los magistrados “han renunciado a su labor de interpretar la Constitución” puesto que , por “sustracción de la materia”.

La labor principal de un TC es interpretar la Constitución. Todo indica que han renunciado a esa labor, porque han decidido la mayoría de los magistrados no emitir pronunciamiento sobre el eje central de la controversia: que precisen los alcances de la vacancia presidencial por incapacidad moral”, sostuvo en diálogo con RPP.

Huerta dijo creer que el Tribunal Constitucional “no ha estado a la altura” de lo que exige la realidad del país en materia constitucional tras “tener a tres presidentes en 7 días”. Lamentó, en esa línea, la declaración del magistrado Ernesto Blume quien indicó que votó por la improcedencia para “no echar más leña al fuego” tras lo sucedido con la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

El Tribunal desde el comienzo cuando no concedió la medida cautelar no cumplió con la función que le correspondía. Creo que el TC no ha estado a la altura de la demanda o de las exigencia de la realidad constitucional”, manifestó.

El TC no puede argumentar si quiere o no quiere echar más leña al fuego para interpretar la Constitución. está obligado a hacerlo, la obligación del TC es pronunciarse, decidir una controversia, interpretar hacia el futuro. Si el colegiado no hace eso porque no quiere echar más leña al fuego es un argumento que no corresponde a un magistrado del TC”, agregó.

Este jueves el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió por mayoría declarar improcedente la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo sobre la vacancia presidencial por “incapacidad moral” permanente.

Ledesma informó que los votos en contra fueron de los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda y José Luis Sardón, mientras que los votos a favor de declarar procedente la demanda fueron de Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y la titular del órgano constitucional.