Velásquez, Becerril y Espinoza piden no ser investigados por caso Tumán

Fiscalía indaga vínculos de parlamentarios con organización delictiva “Los Wachiturros”
Velásquez, Becerril y Espinoza piden no ser investigados por caso Tumán

Velásquez, Becerril y Espinoza piden no ser investigados por caso Tumán

17 de Agosto del 2018 - 09:26 » Textos: Redacción Multimedia » Fotos: Correo

Los congresistas Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril Rodríguez y Marisol Espinoza Cruz presentaron ante el Poder Judicial un recurso de defensa con el cual buscan ser excluidos de la investigación por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Wachiturros”, que opera en Tumán (Lambayeque).

Los tres parlamentarios argumentan que el fiscal Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, no es competente para investigarlos.

Cabe indicar que, el pasado 31 de mayo, Carrasco formalizó la investigación preparatoria contra los congresistas Velásquez y Espinoza, por el presunto delito de cohecho pasivo genérico. A ambos se les imputa el haber recibido dinero a cambio de promover la Ley de Protección Patrimonial y favorecer así la permanencia, en la empresa Tumán, de la administración judicial vinculada a Edwin Oviedo. A Héctor Becerril, se lo investiga por el delito de asociación ilícita, pues ejerció un cargo directivo en la azucarera.

PEDIDO

Mediante un recurso de cuestión previa, los congresistas alegan que se encuentran amparados por la propia Constitución, la cual, en su artículo 99, establece que a los altos funcionarios les asiste la prerrogativa del antejuicio político; es decir, primero deben ser procesados en el Congreso.

Asimismo, consideran que el fiscal violó el Código Penal, pues en su artículo 450 establece que se requiere una resolución acusatoria aprobada por el Congreso para que la Fiscalía inicie un proceso penal contra un parlamentario.

DEFENSA

Hoy, los abogados de los congresistas deberán sustentar sus pedidos ante el despacho del juez Carlos Chanamé Chumán, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

El procurador público ad hoc Miguel Sánchez Mercado señaló que los parlamentarios sí pueden ser juzgados, pues los hechos investigados sucedieron en el periodo congresal 2006-2011 y su protección constitucional venció en julio del 2016. 

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