La exprocuradora anticorrupción adjunta especializada en delitos de corrupción Yeni Vilcatoma ha puesto de vuelta y media a Palacio de Gobierno y al Ejecutivo. Ayer, tras su sonada destitución, afirmó que el presidente Ollanta Humala visitó el local de “La Centralita” en Chimbote, donde según las pesquisas fiscales el preso y extitular de la región Áncash César Álvarez planificaba ataques a sus adversarios políticos.
Mientras, en el Congreso, las bancadas coordinan arduamente para recaudar firmas de cara a la censurar del ministro de Justicia, Daniel Figallo, acusado de haberse reunido con los fiscales a cargo de la investigación del citado caso.
TESTIMONIO. Según Vilcatoma, despedida por el ministro de Justicia, Daniel Figallo, son dos los testimonios que indican que Humala acudió al citado centro de espionaje que operaba también al mando del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio, exjefe de prensa del nacionalismo.
“Después de la declaración de Luis Arroyo Rojas y de César Álvarez, cuando ya habían concluido y cerrado las actas, ambos manifestaron al abogado presente en esas declaraciones, Hugo Laurente Eslava, que por qué hacíamos tantos problemas, por qué molestábamos tanto si Ollanta Humala había visitado ‘La Centralita’. Eso nos dijeron los dos en momentos distintos”, reveló Vilcatoma.
La exprocuradora evitó ofrecer mayores detalles sobre este hecho dado que el tema forma parte de la investigación a la presunta red de corrupción dirigida por César Álvarez.
ACORDE A LEY. El exprocurador anticorrupción Christian Salas afirmó que Vilcatoma tuvo todo el derecho de grabar sus conversaciones, pues sostuvo que la ley la ampara en casos de pedidos irregulares. “Existe la ley de protección del denunciante del 2010. Todo ciudadano y más aún un funcionario público que está ante pedidos irregulares, tiene todo el derecho de grabar sus propias conversaciones, no estamos hablando de ‘chuponeo’ (…) Decir que es una inconducta funcional es una burrada monumental”, recalcó Salas.
Aseguró que él ordenó a sus adjuntos en la Procuraduría a no reunirse con el ministro de Justicia luego de la cita entre este último y el asesor presidencial, Eduardo Roy Gates, en mayo por el caso “La Centralita”.
“Los procuradores adjuntos me cortan toda comunicación con el ministro, porque el canal para ello es el procurador titular que en ese entonces era yo. A mí no me podían saltar”, indicó.
Salas sostuvo que como procurador “tiene que pensar” mal, por lo que ordenó a los procuradores registrar todos los pedidos de información.
Así se lo comunicó a Vilcatoma: “Registra en adelante todo pedido y traslado de información a quien sea, no te reúnas sin nadie, sin testigos, deja constancia de todo”.
PRUEBAS. La exprocuradora Vilcatoma dijo que quienes la están atacando, como es el caso de la señora Nadine Heredia, el presidente Ollanta Humala y el congresista Daniel Abugattás, son amigos del prófugo Martín Belaunde, quien está involucrado en hechos de corrupción.
Respecto a las pruebas que ella ha presentado contra la supuesta interferencia del ministro Figallo en el caso “La Centralita”, alegó que las grabaciones presentadas “no son ilegales” porque “se han dado en el contexto de unos hechos irregulares continuos que estoy informando”, indicó al tiempo de exigir que el nuevo procurador anticorrupción Joel Segura se pronuncie sobre su situación.
Como se recuerda, Vilcatoma fue despedida del cargo tras exigir al jefe de Estado la dimisión del ministro Daniel Figallo, por convocar a una reunión con fiscales con la intención de entrometerse en un caso para favorecer a Martín Belaunde Lossio con la figura de la colaboración eficaz.
OPUESTOS. Al respecto, a través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo considera que los hechos denunciados por la exprocuradora Vilcatoma “deben ser investigados de manera rápida, objetiva y transparente, ya que se pone en cuestión la efectividad de la lucha contra la corrupción”.
Sin embargo, otra fue la posición de la Contraloría. Ante la denuncia y solicitud de medidas de protección inmediata presentadas por Vilcatoma ante el Sistema Nacional de Denuncias (SINAD) del citado Órgano de Control, la Contraloría concluyó que hechos expuestos no se refieren a actos u operaciones arbitrarios o ilegales que afecten los recursos y bienes del Estado en una entidad pública, por lo que se trata de sucesos que están “fuera de su esfera de competencia”.
CENSURA. Mientras tanto, la oposición en el Congreso viene articulando acciones en busca de la salida de Figallo. Según el congresista Mauricio Mulder, las bancadas que estarían de acuerdo con censurarlo son Concertación Parlamentaria, Fuerza Popular y el Partido Popular Cristiano-Alianza para el Progreso (PPC-APP).
“Lo más rápido es la censura, pero hay que tener cuidado que ellos pueden manejar los calendarios y hacer que no haya pleno hasta marzo (...) la censura está motivada por un tema flagrante”, declaró Mulder.
ACUSACIÓN. Por su parte, el fujimorista Alejandro Aguinaga afirmó que Figallo además de ser censurado, también debe ser acusado constitucionalmente. “En este caso el ministro de Justicia está defendiendo a un perseguido del Estado (...) Hay no solo patrocinio ilegal, sino omisión de funciones, por lo que hay violación de la Constitución”, argumentó.
El congresista del PPC Luis Galarreta refirió que las firmas para una censura se completarían hoy. “La moción se presentará, espero que por dignidad Figallo renuncie”, afirmó.
Mientras tanto, el congresista de Perú Posible Wuillian Monterola lamentó el despido de la exprocuradora Vilcatoma.
“El ministro debe dar un paso al costado para dejar las cosas más calmadas en las esferas del Gobierno”, dijo. En esa misma línea, afirmó que apoyará la censura al titular de Justicia. “Figallo debería hacer mea culpa de lo que está pasando. Mi bancada se va a reunir para decidir nuestra posición colegiada, pero considero que debe aprobarse la censura”, declaró Monterola.
El congresista Virgilio Acuña afirmó que la posición de Solidaridad Nacional es apoyar la censura contra Figallo y que no les va temblar la mano. “La decisión está tomada, apoyaremos la censura, pero pasando previamente por la interpelación”.
Afirmó que espera que la Mesa Directiva del Congreso ayude con los plazos para lograr a tiempo la censura.
Hasta el momento, la moción de censura cuenta con el apoyo de 49 congresistas. Se espera que otros legisladores firmen la misiva. Cabe recordar que se necesita al menos 66 votos para que proceda la censura.